La exdiputada radical Paola Bazán presentó un escrito en el Ministerio de Obras Civiles e Infraestructura, a cargo de Eduardo Niéderle, en el que pidió información sobre los motivos que motorizaron un aumento del 6.200% en el tope máximo para las compras directas en esa cartera.
"Me sigue preocupando el manejo que hacen de los fondos públicos, me preocupa la discrecionalidad con la que los manejan, me preocupa la desigualdad de oportunidades en el otorgamiento de obras y/o servicios y me preocupa que teniendo leyes que obligan a nuestros funcionarios públicos a publicitar los actos de gobierno, éstos no lo hacen", cuestionó la dirigente, quien luego relató en las redes que en el Ministerio tuvo problemas para dejar el escrito, porque "sostenían que los ciudadanos comunes no podemos contar con la información que requería la nota".
En el escrito, Bazán comentó que en diciembre de 2019, cuando asumió la nueva gestión, estaba vigente un decreto de 2017 que establecía que el monto para las contrataciones directas no podía exceder los $870.000, y que tras poco menos de un año esa cifra se actualizó a $15.000.000 primero, y luego, con un sistema de actualización automático, a $55.000.000 después.
"Le pedí al ministro que 'me cuente' por qué se elevó más de un 6.000% el monto destinado a las contrataciones directas. Entiendo que no existe ninguna variable económica que pueda estar vinculada a un aumento tan desmedido y absurdo", cuestionó.
"Es un incremento que a simple vista tiende a buscar total discrecionalidad en el manejo de los fondos para la obra pública, y esta discrecionalidad atenta contra la competencia en términos de costos", remarcó la exlegisladora.
En este sentido, también le pidió que detalle "cuáles son las empresas beneficiadas con esta modalidad, qué obras o servicios debían realizar, cuánto se les pagó y qué avance de obras tienen".
También solicitó detalles sobe cuáles son las escuelas que se mejoraron y los edificios públicos que se vieron beneficiados por obras de mantenimiento.
"Finalmente le consulto por qué no se publican en Boletín Oficial las resoluciones Ministeriales, si está obligado por ley", señaló.
Bazán solicitó esta información basada en la ley nacional nº27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que "garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública", y ley provincial nº5.336 de Libre Acceso a las fuentes de Información Pública que prevé "que toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano del Estado".n
