El juez federal Miguel Ángel Contreras aceptó el recurso de apelación por la sanción que impuso el Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical a las siete mujeres que cuestionaron la candidatura del médico Roberto Gómez para presidir el Comité Capital. La suspensión en el cargo por cinco meses quedará en suspenso hasta que el juez federal resuelva la cuestión de fondo, junto a otros planteos vinculados a la misma causa.
Las dirigentes y autoridades electas de la UCR, Claudia Vera, delegada al Comité Nacional; Gabriela Nieva Larcher, secretaria del Comité Provincia; Natalia Herrera, vicepresidenta segunda del Comité Provincia, Jessica Nieto, convencional por la Capital; Vilma Canceco, secretaria del Comité Provincia; Gabriela Lobo Vergara, vicepresidenta de la Juventud del Comité Provincia y María Luisa Moreno, secretaria del Comité Capital, con el asesoramiento del abogado Federico Page, apelaron la resolución que el Tribunal de Disciplina aplicó el 17 de febrero.
Las mujeres decidieron recurrir a la Justicia porque la Carta Orgánica Partidaria establece que solo las sanciones mayores a seis meses y las expulsiones pueden ser revisadas por la Convención. "Es un principio constitucional el de la doble instancia, es así que la revisión judicial de decisiones partidarias es necesaria. Dicho esto, se entiende que el partido no puede pretender apartarse del control jurisdiccional, por más que disposiciones de su reglamento interno así lo determinen", señaló el magistrado en los fundamentos.
"Es así que la norma contenida en el art. 66 -primer párrafo- de la COP (en cuanto aduce sobre la inapelabilidad de la resolución), resulta a todas luces violatoria del bloque federal de constitucionalidad y convencionalidad, y por ello, susceptible de ser revisado jurisdiccionalmente", expresó Contreras.
Además, el magistrado deberá atender a la presentación que realizó la presidenta del partido, Marita Colombo, al fundamentar que los tres integrantes del Tribunal de Conducta tenían los mandatos vencidos porque fueron designados durante la gestión del expresidente del Comité Provincia Alejandro Páez. La presidenta del partido rechazó el pedido del órgano disciplinador para hacer efectiva la sanción y que asuman suplentes en los cargos para los que fueron electas.
Es por eso que Pablo Jalile (MIRA), presidente del Tribunal de Conducta, acompañado por Alfonso Paredes (CPR) y Jorge Moukauzel (Línea Morada) realizaron otra presentación en la Justicia federal por la que rechazaron la nota que fue remitida por la presidenta del Comité Provincia. "Los miembros del Tribunal de Conducta, al momento de dictar la resolución que ahora se niegan a hacer cumplir, contaba con la competencia para hacerlo. No escapa al conocimiento de este Tribunal que los mandatos de las autoridades de la UCR fueron prorrogados en atención a la situación sanitaria y que por recomendación del COE no fue posible llevar a cabo la Convención", argumentaron.
Mientras se resuelve la cuestión judicial, en el plano político hubo distintas reacciones. En el caso del Comité Capital, María Luisa Moreno pudo asumir la Secretaría de Género.
Sin embargo, en el Comité Provincia, a Natalia Herrera, Nieva Larcher, Vilma Canceco no les permitieron ejercer sus cargos. Pese a que la presidenta Marita Colombo rechazó la sanción del Tribunal, hubo otros integrantes de la mesa ejecutiva que se negaron a apoyarla.n