El diputado provincial Hugo Ávila (FUC) presentó un pedido de informes donde solicita detalles de los trabajos en el dique El Jumeal que son realizados mediante una contratación directa.
lunes 29 de junio de 2026
El diputado provincial Hugo Ávila (FUC) presentó un pedido de informes donde solicita detalles de los trabajos en el dique El Jumeal que son realizados mediante una contratación directa.
Concretamente, el legislador solicita al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles que informe sobre cuál es el criterio por el cual se decidió realizar la construcción de la obra de “Revitalización del circuito turístico - Dique El Jumeal" por "un costo mayor al presupuestado y mediante una contratación directa, violatoria del régimen de la Ley de Administración Financiera".
Ávila recordó que el viernes pasado, el Boletín Oficial publicó el Decreto I y OC. N° 444, por el que el Gobernador aprueba la “contratación directa” de la obra de “Revitalización del circuito turístico - Dique El Jumeal" por un costo total de $ 161.633.588, "es decir, $26.826.592 más de lo originalmente presupuestado, que ascendía a $ 134.806.996, que era el monto asignado por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación".
"En ese instrumento, el Ejecutivo intenta justificar que la contratación directa procede cuando la licitación queda desierta, lo cual es absolutamente ilegal, según lo expresa la Ley de Administración Financiera", sostuvo en los fundamentos del proyecto.
Advirtió que "tampoco se podría justificar que la “contratación directa” provenga de una decisión unilateral del Ejecutivo, mucho menos, por un monto superior al monto asignado, con lo cual la obra requerirá de otros recursos que repercutirán en el presupuesto y por ende en la economía de nuestras arcas públicas".
"No se puede justificar que el Gobernador le otorgue la obra a un particular, cuando el propio Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles se “cansó” de explicar que la misma se iba a realizar por administración", recordó.
Finalmente, indicó que "esto es, ni más ni menos, el mismo procedimiento de la “cartelización de la obra pública” por la cual se encuentra condenado a 12 años de prisión el empresario Lázaro Báez".