La Justicia Federal ratificó su competencia en la causa que investiga la supuesta vacunación con privilegios por parte de funcionarios provinciales e intendentes del oficialismo. De esta forma, el fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, ya no tiene ningún impedimento para avanzar con las pesquisas en el marco de las denuncias presentadas por la oposición contra la ministra de Salud, Claudia Palladino, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, y los intendentes Roxana Paulón (Fiambalá) y Guillermo Ferreyra (FME).
Sucede que el fiscal Federal General, Gustavo Gómez, desistió del recurso de apelación interpuesto por Reynoso, quien consideraba que la investigación por la vacunación vip debía ser realizada por la Justicia provincial. De esta forma, se reafirmó la competencia Federal.
Reynoso había hecho esta presentación luego de que se conocieran las denuncias. El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, había rechazado el planteo del funcionario judicial considerando que la Justicia Federal debía investigar. Ante esta situación, el fiscal apeló la medida ante la Cámara de Apelación y Exhortos (de Tucumán), quien deberá homologar la postura del fiscal general que desistió de la presentación de su par catamarqueño.
Entre los fundamentos de su resolución, el Fiscal Federal consideró que "para que la igualdad ante el derecho a la salud pública sea garantizada a toda la población y no a unos pocos privilegiados, debe continuarse con esta investigación en la Justicia Federal de Catamarca".
En ese marco, consideró que amerita que el juez Contreras continúe con la investigación teniendo en cuenta que "si la distribución equitativa se rompe, se rompe también un plan nacional y el direccionamiento del gasto, con las prioridades decididas por el gobierno federal en claro desmedro del erario nacional".
Finalmente, planteó que "para que la igualdad ante el derecho a la salud pública sea garantizada a toda la población y no a unos pocos privilegiados, debe continuarse con esta investigación contra los funcionarios públicos y demás personas que se detecten, que hayan burlado el orden de prioridades contemplado en el anexo I de la resolución 2883/20, vacunándose antes que el común de la gente".
A pesar de la resolución de Gómez, el fiscal local, ya estaba investigando las denuncias presentadas por diputados de la oposición. Es que, la apelación realizada por Reynoso no impedía que pueda solicitar las primeras medidas de prueba en el marco de la causa.
Anteriormente, el juez Contreras, había rechazado una recusación que realizó el diputado Hugo Ávila (uno de los denunciantes) contra Reynoso.
Ávila había solicitado el apartamiento del fiscal de la investigación al señalar que está casado con una prima hermana de la intendenta Roxana Paulón (FT), que es una de las denunciadas.
Contreras recibió el pedido del legislador y le corrió traslado al fiscal. Reynoso rechazó los planteos del diputado al considerarlos infundados al advertir que el Código Penal solo acepta como causal de apartamiento el parentesco hasta cuarto grado de consanguineidad y hasta segundo de afinidad. Reynoso tiene un cuarto grado de afinidad.
Ante esta situación, Contreras no encontró elementos para apartar al fiscal de la investigación y lo ratificó en su lugar.
De esta forma, el funcionario judicial quedó habilitado para realizar la investigación penal preparatoria.
En la Justicia federal existen cinco presentaciones sobre el tema vacunas y tres son de diputados provinciales: Hugo Ávila (FUC), José "Chichí" Sosa (UCR) y el interbloque de Juntos por el Cambio.
Todas ellas surgieron luego de que la intendenta Paulón, confirmara que ella fue inoculada contra el virus.
