A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara Alta, el senador nacional Oscar Castillo expresó “su más enérgico repudio” a la derogación del decreto 70/2017 -el cual agilizaba procesos administrativos y judiciales en materia migratoria- y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría traer en “el bienestar general y la seguridad pública de la República Argentina”.
Para Castillo, “el respeto a los derechos de las personas extranjeras y la protección de los Derechos Humanos, por un lado, y la potestad del Estado Nacional de fijar los criterios de admisión y expulsión de personas de nacionalidad extranjera, por el otro, no pueden ni deben ser dos tareas consideradas como contrapuestas o incompatibles”.
Remarcó que “es deber del Estado regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común” y cuestionó duramente la anulación del artículo que establecía, como causa que impedía el ingreso y permanencia de extranjeros, “haber sido condenado, estar cumpliendo condena, tener antecedentes o condena no firme, en la República Argentina o en el exterior, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
En este punto, enfatizó que ”es realmente difícil comprender de qué modo la derogación de este decreto no perjudica directamente al resguardo de la seguridad pública, el bien común y el interés general de la Nación”.
Más adelante, consideró que la derogación del decreto no sólo atenta contra los miles de migrantes de buena fe que viven en la Argentina, sino que "perjudica a la seguridad pública y el bien común de la Nación, al facilitar el ingreso de personas con graves antecedentes criminales que nada tienen que ver con los miles de extranjeros que cotidianamente hacen su contribución”.
De este modo, Castillo se suma a una amplia lista de referentes de Juntos por el Cambio que manifestaron su malestar ante la decisión del gobierno de derogar la norma migratoria, entre los que se encuentran los presidentes del PRO y la UCR, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, entre otros.n
