La diputada provincial Juana Fernández (UCR) presentó un proyecto de ley para la creación del Registro Provincial de Vacunación y Beneficiarios contra el COVID-19, el cual tiene por objeto crear y consolidar un registro único que contenga "información confiable, oportuna y pertinente sobre la campaña de vacunación implementada por el Ministerio de Salud y sus destinatarios".
Fernández consideró que esto permitirá "dotar de transparencia al proceso de vacunación", y garantizará que la vacuna "sea distribuida y aplicada conforme a los criterios sanitarios vigentes y permita detectar eventuales irregularidades".
Respecto del escándalo a nivel nacional que provocó la renuncia de Ginés González García al Ministerio de Salud de la Nación, la diputada consideró que este registro "evitaría el desvío intencionado de los inoculantes provistos por la Nación por parte de funcionarios públicos y sus vínculos familiares directos, con las réplicas nocivas que conllevaría para la Salud Pública de todos los catamarqueños".
La diputada señaló que no existe instrumento normativo similar aprobado por el Ministerio de Salud provincial, y remarcó que solo se limitó a informar que la vacuna se aplica "según prioridad, de acuerdo a los grupos de riesgo y siguiendo los lineamientos planificados".
"El hecho de que determinados funcionarios públicos pertenecientes al oficialismo fueron inmunizados se configura una contradicción político-institucional en base a los propios lineamientos definidos, resultando en consecuencia la materialización de un privilegio inaceptable en desmedro de aquellos ciudadanos que deben ser atendidos por la vacunación de modo prioritario", señaló.
En ese sentido es que insistió en que crear este registro, ya que "persigue el fin de impedir prácticas irregulares en el proceso de vacunación, las que resultan lesivas del principio de igualdad y de los criterios epidemiológicos vigentes, como así también de exponer ante la sociedad en su conjunto a aquellos funcionarios públicos que accedieron a la inmunización contrariando los criterios de priorización".
"El Estado debe garantizar absoluta transparencia y orden en dicho proceso, permitiendo su control y garantizando una efectiva implementación del plan de vacunación, libre de injerencias políticas indebidas en desmedro de la mayoría de los ciudadanos. Actualmente no hay herramientas que garanticen la transparencia en la vacunación, en aditamento de las fundadas sospechas del desvío discrecional de determinadas dosis a favor de funcionarios oficialistas", dijo. n