En el petitorio que hicieron al Gobierno para que los convoque a discutir salarios, los gremios que integran el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) pidieron que el Ejecutivo instrumente un plan de vacunación contra el COVID-19 para todo el personal del Estado. Además, plantearon formalmente en un escrito la propuesta de un incremento salarial del 50% y de las distintas asignaciones retroactivo al 1 de febrero. El Gobierno todavía analiza qué ofrecimiento hará, pero la pauta que tienen prevista ronda el 30% de incremento: desde Hacienda esperan mejora en la recaudación en los próximos meses.
La propuesta del FUSSI es que este plan de vacunación incluya al personal "de cualquier escalafón de los tres Poderes del Estado, de los organismos descentralizados, de las entidades autárquicas y de los municipios, activos y en servicio, priorizando a aquellos afectados a la salud, la seguridad y la atención al público", y plantearon que el Ministerio de Trabajo establezca la reglamentación, las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo, y los protocolos COVID que deban aplicarse en todos los estamentos del Poder Ejecutivo provincial para retomar la tarea.
En Catamarca, entre los tres poderes hay más de 45.000 empleados públicos, sin contar los empleados de los municipios, que solo en la Capital son casi 3.000 (exclusivamente los de planta permanente). Hasta el momento, la Provincia recibió poco más de 5.000 dosis que se aplicaron en 2.800 personas, casi todas ellas integrantes de los equipos que el Ministerio de Salud, consideradas prioritarias, y ya se advirtió que continuarán con otros grupos de riesgo como adultos mayores que residan en geriátricos y el personal que allí trabaja, entre otros.
Este pedido del FUSSI se suma a los requerimientos salariales. Como anticipó ayer El Ancasti, la intersindical pidió que se los convoque "de manera urgente" para iniciar las discusiones salariales de este año, y anticipó que buscan un incremento salarial a partir del 1° de febrero equivalente al 50% "por todo concepto, del salario de bolsillo". Además, pidieron que se vuelva a implementar la cláusula de indexación automática, o cláusula gatillo, que el año pasado dejó de aplicarse.
También pidieron por la actualización del salario familiar y ayuda escolar, "cuyos montos nominales resultan irrisorios ante el contexto económico imperante". Según había explicado Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, este punto lleva seis años sin ser modificado.
"El salario del empleado estatal provincial se encuentra en un 40% aproximadamente bajo conceptos no remunerativos, por lo que solicitamos el blanqueo progresivo y definitivo de los mismos en el transcurso del período 2021. También reclamamos la actualización de los conceptos de viáticos, comisión de servicio y adicionales por función, tarea y título", expresaron desde el FUSSI en el escrito.
Al igual que UPCN, insistieron en "el reordenamiento orgánico y funcional de las estructuras del Poder Ejecutivo", como así también "el reconocimiento de tareas y funciones para dar fin a la precarización de los trabajadores que cumplen tareas de riesgo o insalubres, funciones de jefatura o de mayor responsabilidad y que no se les reconocen ni abonan".
En esa línea, pidieron implementar un plan de "regularización contra la precarización laboral en el Estado provincial", para pasar a planta permanente a aquellos trabajadores que estén en condiciones de acceder a ella, y pidieron que el Ejecutivo controle aquellas relaciones laborales encubiertas bajo las modalidades de contrato de obra y becas.
"Solicitamos la reactivación de la carrera administrativa mediante la recategorización del personal cuya antigüedad sea superior a los tres años", pidieron también.
