Miguel Ángel Contreras, Juez Federal de la Provincia de Catamarca, argumentó que la Justicia está condicionada para dar respuestas ante los cientos de denuncias y casos de incumplimientos de las medidas sanitarias impuestas, que van desde el uso del barbijo, protocolos, fiestas privadas y violaciones de cuarentenas obligatorias. Avisó que, pese a las limitaciones de personal, tratarán de sacar sanciones que hagan reaccionar a la sociedad de cara a la crisis sanitaria.
“No hay que olvidarse que nosotros estamos también trabajando en medio de todo este problema sanitario, y en cierto modo gestionando día a día la incertidumbre que esto representa. Así como estamos viviendo esta semana, hemos vivido meses en la provincia. Esto significa que de pronto una oficina que tiene se reduce el personal. De pronto una oficina que tiene 7 empleados pasa a trabajar con 1”, argumentó Contreras.
“Ahora, reconozco y coincido en que un procedimiento judicial, un procesamiento, una actuación judicial efectivamente, tienen que culminar con un pronunciamiento que sea absolutorio o condenatorio, eso es obvio. Sea como sea, pero siempre en la justicia tiene que existir un pronunciamiento”, explicó.
“Si no, se traduce en una perplejidad social, no solo para el proceso. Porque la norma y la sentencia tienen que tener no solamente el carácter sancionador de la inconducta, sino también ejemplificar, que se proyecten sus ejemplos para la sociedad. Que se sepa que para quien transgrede una norma no es gratis, tiene una sanción, un precio”.
Dijo que muchas veces "el problema no está en quien aplica la norma, sino en quienes hacen la norma. Porque si exigiera sanciones y conductas, quizás la cosa sería diferente”.
“Lo que podríamos hacer o en teoría razonar, es que se tendría que endurecer el sistema. Porque toda norma tiene que ir dotada de una coercibilidad. Qué significa, que, si alguien la deja de observar, no la cumple, esa norma tiene que tener un precio, una sanción”.
Adujo que los expedientes están “amontonados de a cientos”, pero que, conjuntamente entre la justicia local y federal, irán sacando dictámenes. Agregó que difícilmente alguno de estos casos precise un juicio. “Son delitos de carácter correccional, los tenemos que resolver nosotros” los jueces.
“Al margen de las herramientas que se tomen, voy a la eficacia (de las sanciones). Está visto en los procesamientos y en los centenares de gente detenida, con vehículos retenidos, la sociedad no hizo mella en eso. Algo que les permita pensar ‘ojo que voy en horario prohibido, o no tengo permiso, ojo el barbijo’, pareciera ser que no ha repercutido en la gente de un modo que se pueda persuadir a los ciudadanos”.
Y por último opinó que esta “persuasión social” es clave frente al escenario del coronavirus y sus temidas consecuencias.
“Si uno se pone a ver la situación, no depende de las autoridades que el coronavirus avance o no, eso es absolutamente claro. Si no nos cuidamos esto va a ser un desastre. Porque para la vacuna faltan 6 u 8 meses, y es una barbaridad de tiempo si tomamos en cuenta la cantidad de contagiados y muertes. Entonces la concientización es una tarea de todos, con una propaganda intensiva para persuadir a los ciudadanos que tenemos que vivir y convivir, porque usted se puede cuidar, pero tiene estar con su familia, amigos, compañeros de trabajo. Tiene que ser recíproco”, explicó.
