Luego de que el Senado aprobara el incremento de los dos nuevos miembros en la Corte de Justicia, Fabiana Gómez y Hernán Martel, el Poder Judicial afina el lápiz para solicitar las reestructuraciones presupuestarias para este año y comienza a calcular lo que será el gasto para el próximo, que deberá presentarse en el Ministerio de Hacienda hasta mediados de septiembre. Uno de las estimaciones “más ambiciosas” señala que el costo de los dos nuevos ministros será de $15 millones por mes, teniendo en cuenta la estructura de cargos y otros gastos que implica el arribo de los nuevos funcionarios. Otra propuesta más económica y ajustada estima una erogación de unos $19 millones al año solo para los dos ministros y dos colaboradores para cada uno de ellos.
El máximo tribunal de Justicia de la provincia comenzó a acondicionar oficinas internas para recibir a los nuevos ministros en el edificio de calle República. Se estima que la asunción de los nuevos magistrados podría realizarse en 15 o 20 días. Mientras tanto, fuentes de la Corte de Justicia señalaron que este año ya no hay presupuesto para hacer frente a las nuevas erogaciones y, por lo tanto, apuestan a que el Ejecutivo cumpla con la ley aprobada en la Legislatura para la ampliación de los miembros de la Corte. En este sentido, la norma faculta al Poder Ejecutivo Provincial a "disponer las readecuaciones y refuerzos presupuestarios pertinentes que permitan el cumplimiento" de la ley. Reacomodamientos
A partir del martes se traslada el área de Secretaría de Sumarios e Inspección de Justicia a otro edificio alquilado que tiene el Poder Judicial en calle Sarmiento, entre San Martín y Chacabuco. Según las estimaciones, acondicionar las dos nuevas oficinas tendrá un costo de $1.500.000 para mobiliario y equipamiento de las oficinas.
Pero a esto se suma la estructura de colaboradores que puede tener cada ministro de la Corte. De acuerdo a la escala salarial vigente un juez de la Corte tiene un sueldo bruto de $300 mil. En una estimación generosa, cada uno de los ministros puede tener un secretario relator que tiene un sueldo de $200.000 por mes; un secretario privado $80.000. También puede contar con un prosecretario redactor ($120.000) y un ordenanza ($50.000). Esto implicaría un gasto mensual de $1.500.000 y casi $20 millones al año, solo en sueldos.
Otra estimación, un poco más austera, señala que el costo de ampliación de la Corte, con la escala actual de sueldos, sería de casi 19 millones al año, contemplando los dos ministros, un secretario relator y un secretario privado, es decir, una estructura menor de cargos.
De cualquier manera, la Corte de Justicia afina el lápiz y además del incremento para los dos nuevos integrantes deberá contemplar la creación de la nueva Cámara de Apelaciones para el oeste que se estima en un gasto anual de $23.000.000 y si se pone en vigencia la ley por la que se crea el fuero de Violencia familiar y de género se calcula en $335.000.000. Estos son los temas que la Corte de Justicia tendrá que dialogar con el Ejecutivo provincial. Pero además, comenzó la disputa política por los colaboradores que Martel y Fabiana Gómez llevarán al Poder Judicial.
Nueva Cámara En la última sesión del Senado de Catamarca, se convirtió en ley N° 5662 el proyecto del senador Jorge Solá Jais, que promueve la creación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Laboral y Penal de cuarta nominación, con asiento en la ciudad de Belén.
El proyecto, que fue girado por la Cámara de Diputados con modificaciones, fue justificado por el legislador, en que las únicas cámaras de apelaciones están situadas en la ciudad Capital: “Ante la necesidad de apelar una sentencia de grado u otras resoluciones recurribles, los letrados intervinientes en un expediente judicial, deben trasladarse más de 300 kilómetros para continuar la causa; hecho que no solo encarece y aumenta los costos, sino que principalmente dificulta la administración de justicia, y el acercamiento y acceso que todos los habitantes deben tener a ella”.
Además, sostiene que “la falta de contacto con los expedientes o un adecuado seguimiento del mismo por los interesados, no hace más que dilatar el proceso diluye el efecto ejemplificador que las resoluciones judiciales deben tener, especialmente las provenientes del fuero Penal”.
