El vicepresidente del bloque de diputados de la UCR, Francisco Monti, envió una nota al gobernador Raúl Jalil, donde le advirtió sobre la "ilegalidad e inconstitucionalidad" del decreto con el cual se establece un régimen sancionatorio excepcional dirigido a quienes contravengan las normas dictadas o a dictarse como consecuencia de la emergencia sanitaria (Decreto S Nº1578).
Dicho régimen establece multas económicas que van desde los $2.000 por no usar barbijo hasta los $100.000 para quien infrinja los protocolos para el ingreso y permanencia en la provincia.
Según la misiva enviada por el legislador, el régimen sancionatorio, contraría el principio de “Nullum crimen, nullapoena sine praevialege” ("Ningún delito, ninguna pena sin ley previa)".
El diputado destacó que el principio de legalidad al que hace referencia se encuentra previsto en el Código de Faltas de la provincia, que en el segundo párrafo del art. 3° señala: "Ningún proceso contravencional puede ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificada, por ley dictada con anterioridad al hecho, y debe ser interpretada en forma estricta”.
"El poder de policía que la Provincia tiene atribuida en materia de salud pública forma parte del conjunto de potestades que integran la competencia material del Poder Legislativo, no del Ejecutivo", afirmó. En ese marco, consideró que el Ejecutivo es última instancia, como juez administrativo de faltas, "por lo que, no puede ser legislador y juez".
Por otra parte, advirtió "la ambigüedad" en la que se incursionó en el primer párrafo del decreto al establecer que las sanciones tienen por propósito penalizar conductas que se describan en “demás normas dictadas o a dictarse como consecuencia de la emergencia sanitaria”, ya que según consideró, "se infiere que el Gobierno pretende aplicar multas a conductas que no se encuentran aún tipificadas".
"Está claro que nos encontramos en una situación atípica e imprevista, pero no es menos cierto que las instituciones se encuentran en vigencia y que el sistema republicano de gobierno debe funcionar en plenitud en resguardo de los derechos de la ciudadanía", señaló.
Más adelante, consideró de "vital importancia que el Gobierno corrija el error y evite poner en funcionamiento una normativa inconstitucional que constituye un pésimo antecedente en el derecho público local y que podría ser cuestionada judicialmente por cualquier ciudadano de la provincia".