Un grupo de abogados del fuero local presentó una nota a la presidenta del Colegio de Abogados, Fernanda Rosales, en la que le pidieron su renuncia y la de todo el Consejo Directivo, al considerarse "defraudados" por la falta de participación del Colegio en el debate de los proyectos de derogación del Consejo de la Magistratura y ampliación de miembros de la Corte. El escrito fue presentado y firmado por los abogados Leticia Llopis, Rosario Andrada, Javier Silva, Horacio Pernasetti, Luis Fadel, Miguel Vázquez Sastre, Mariano Manzi, Daniel Ortega y Ezequiel Stern, entre otros.
"Nos sentimos defraudados por la conducta asumida por la Comisión Directiva de forma personal, unilateral y sin participación de los colegiados sobre asuntos institucionales de máxima importancia para los abogados. Nos preocupa la inexistencia de un pronunciamiento institucional y también nos sorprende la participación en la ‘Comisión Evaluadora’ que creó el Ejecutivo", expresaron.
Para estos abogados, la derogación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de miembros de la Corte son "decisiones equívocas que han puesto en jaque la institucionalidad de la Provincia", y cuestionaron que "desde el Colegio no solo hay una ausencia del tratamiento con los colegiados, sino una activa participación personal suya (por la presidenta, Rosales) ante actos de avasallamiento".
"Se avaló un procedimiento a través del cual se vulnera la división de poderes, sin convocatoria a los asociados del Colegio a tomar una posición. El silencio orgánico del Colegio y su participación principal a favor de las medidas del Gobierno comportan una alteración de la finalidad institucional del Colegio, que es la observancia irrestricta de la Constitución y la articulación de procesos democráticos y participativos. En quien lo preside hemos confiado que mantenga el rol de custodio permanente de las garantías constitucionales, despojada de intereses partidarios, políticos y hegemónicos", agregaron.
Estos abogados sostuvieron que no avalan ni consienten ninguna acción relacionada con lo que llamaron una "pseudo reforma de la Justicia" y consideraron que la representación de Rosales "ha quedado desnaturalizada". "No se ha respetado nuestro mandato de defensa de los derechos que involucran a los abogados, por lo que no existe alternativa y solicitamos la renuncia de forma inmediata de toda la Comisión Directiva a fin de que en nuevas elecciones podamos elegir a nuestros representantes", propusieron.
Por su parte, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados señaló que estos letrados "se alejaron por propia voluntad de participar de las decisiones públicas y notorias, de nuestras responsabilidades y convicciones expuestas permanentemente". "El Consejo Directivo es resultado de un acto democrático, con pensamiento y opiniones plurales. Este Consejo Directivo no imagina ni cree que esta institución constituya un ámbito para dirimir posiciones ideológicas, ni escenario para especulaciones políticas, ni trampolín para actuaciones partidarias, y mucho menos ha buscado el protagonismo cómodo de consentir y dejar pasar la triste y constante decadencia y regresión que sufre el Poder Judicial de la Provincia", señalaron en una solicitada que se publica hoy (ver página 3).
El Colegio señaló que no cree que se haya puesto en jaque la institucionalidad de la provincia. "El Poder Legislativo ha ejercido una facultad que tiene prevista en la Constitución que todos juramos defender, tan simple como ello. Su conveniencia y oportunidad las definió la política y así corresponde en un estado de derecho, donde todos debemos aceptar la voluntad democrática del pueblo cuando elige a sus representantes. Es cierto también que las opiniones de quienes no conforman la mayoría deben ser escuchadas en el ámbito en el que corresponde expresarlas; y en esa inteligencia, también es cierto que la responsabilidad de la opinión diversa debe ser expuesta cuando las circunstancias de tiempo y oportunidad así lo demandan", respondieron.
En ese sentido, señalaron que "las puertas del Colegio están abiertas para que continúen libremente expresándose, apuntando nuestros errores y proponiendo futuro, ya que como nuestro sistema de vida se expresa en libertad y democracia, tendremos todos y todas la obligación de someternos al veredicto personal de cada uno de los abogados y abogadas matriculados para que elijan a quienes crean que mejor los pueda representar", expresaron.n
