El amparo iniciado en 2013 por Eduardo Aroca por el daño ambiental en la Cuesta del Portezuelo tuvo repercusiones políticas durante la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci. Fue uno de los motivos para la salida del exministro Luis Romero en noviembre de 2013, además se comprobó la existencia de irregularidades en la ejecución de la obra que llevaron a que el exdiputado Juan Pablo Millán iniciara otra denuncia penal en la Justicia.
En junio de 2013, Eduardo Aroca había presentado una nota advirtiendo el daño producido por el tendido eléctrico que se estaba trazando sobre la Cuesta del Portezuelo, que es de patrimonio cultural de la Provincia y está protegido por ley. A partir de allí se inició una investigación de El Ancasti y se logró comprobar que la obra original no debía afectar la Cuesta y que el trazado había sido modificado y aprobado sin tener un informe de impacto ambiental aprobado.
El 1ro de julio de ese año, Aroca presentó el amparo ambiental y la Justicia ordenó la inmediata paralización de la obra hasta resolver este conflicto, aunque ya había sido paralizada por una decisión de Servicios Públicos.
En mayo de 2014 se inició otra denuncia en la Justicia por la que pidió que se investiguen los presuntos ilícitos ocurridos en el marco de la contratación directa para la ejecución de la línea eléctrica de 33 Kv Santa Cruz- Las Antenas (Cerro Ancasti) para el sistema de televisión digital abierta.
El 30 de diciembre de 2011, apenas asumió Corpacci, se sancionó la ley 5353 por la que se declaró la emergencia de los servicios públicos. En la presentación que fue iniciada por el exdiputado Juan Pablo Millán se recordaba que la ley no fijó la contratación de obras de comunicaciones o transporte público como prioridad, “toda vez que estos servicios fueron deliberadamente excluidos de la declaración de emergencia correspondiente”.
Pero el 25 de julio de 2012, el exministro Julio Molina adjudicó la obra y el 2 de agosto firmó el contrato de obra pública. La línea eléctrica a construir de 33 kv tenía contemplada una longitud de 7.000 metros y arrancaba en Santa Cruz en estructuras de madera existente. Se preveía que la línea eléctrica vendría a reemplazar a otra ya existente
Una vez rubricado el contrato y antes de comenzar la ejecución de la obra, la contratista (la empresa Gabiola), a través de quien fuera su representante técnico, el exministro de Servicios Públicos Gustavo Aparicio, solicitó mediante nota de pedido Nro 1, la aprobación de un cambio de traza de la obra, alegando supuestas ventajas técnicas. Sin embargo, este cambio en la traza implicaba en los hechos una obra distinta de la contratada, ya que se modificaba por completo el recorrido de la línea.
El pedido de la contratista fue cursado por quien fuera el inspector de obra, Ernesto Sandoval, a la Dirección de Estudios Proyectos y Obras de la Subsecretaría de Energía, a cargo de Oscar Pastorelli, quien mediante una nota aprobó la traza propuesta por la empresa. “Fue así que la empresa comenzó la ejecución de la obra, con una traza distinta de la prevista en la memoria descriptiva y pliegos que formaban parte del contrato sin que exista un acto administrativo emanado de autoridad competente”, indica una de las denuncias radicadas en la Justicia.
En el marco de la investigación, quedaron en evidencia varias irregularidades. Así El Ancasti reveló que el polémico cableado eléctrico no solo no tenía el informe de impacto ambiental aprobado, sino que al momento de ser iniciado tampoco tenía la correspondiente autorización ministerial para realizarse. En ese momento, el exministro de Servicios Públicos Julio Molina confirmó a El Ancasti que hasta su renuncia al cargo no había ninguna modificación al proyecto original de la línea, que iba por un lugar distinto.
El exfuncionario explicó que durante su gestión al frente de la cartera de Servicios Públicos se definió que el emplazamiento de la línea de 33kv "Santa Cruz- Las Antenas" sería "en la zona de servidumbre de la línea existente. Es decir, se mantenía la traza de la obra con la de la vieja línea de 13,2 kv".
En esa línea, Molina fue tajante al señalar que durante su mandato, "no se aprobó modificación alguna de la traza de la obra. No hay ninguna resolución ministerial disponiendo cambio alguno de la obra".
De esta manera quedaba confirmado que la empresa empezó los trabajos de modificación de la traza sin una resolución ministerial que habilitara el cambio de traza, tan sólo con el visto bueno de un funcionario de segunda línea, el director de Estudios de Proyectos y Obras del Ministerio de Servicios Públicos, Oscar Pastorelli.
La cronología de aquellos hechos confirma deficiencias que rozaban con irregularidades, más allá de la destrucción paisajística de la Cuesta del Portezuelo.