El bloque de diputados de la UCR expresó su rechazo a las políticas del Gobierno, a las que consideraron como una "sucesión de atropellos a la democracia". Cuestionaron la reforma judicial y aseguraron que "es parte de un plan orquestado". "Vienen por todo", remarcaron los diputados, y criticaron que "en medio de una galopante crisis socioeconómica le pongan tanta dedicación a la construcción de una Justicia militante". Le piden al Gobierno que "abandone sus arrebatos despóticos".
Los diputados expresaron su "más categórico rechazo" al accionar del gobernador Raúl Jalil, al considerar que "a fuerza de decretazos y la aprobación amañada de leyes, ponen en riesgo la salud de la república y atenta seriamente el sistema democrático, dinamitando la calidad institucional y afectando las garantías individuales, y colectivas".
"La sociedad catamarqueña ve azorada y con indignación la sucesión de atropellos a las instituciones de la democracia que el Gobierno que encabeza Jalil viene cometiendo, que se profundiza y agrava con la reciente aprobación de normativas que debilitan y ponen en jaque a la Justicia", apuntaron los radicales y agregaron que "en codicia descontrolada, vienen por todo".
En ese contexto, señalaron que el Gobierno "oculta sus verdaderas intenciones tras una máscara", y que la reforma judicial "no es más que un eslabón clave y pieza fundamental del siniestro plan orquestado y premeditado" que es "tomar por asalto, manipular y colonizar el Poder Judicial para convertirlo en sede partidaria".
"Es un claro avasallamiento a la independencia de poderes y un peligroso quebrantamiento en la organización jurídica y social. Aumentar el número de integrantes de la Corte de Justicia dos veces, antes de tres a cinco y ahora de cinco a siete y disolver el Consejo de la Magistratura es parte de un proyecto hegemónico, que se explica a partir de una desmedida ambición por la suma del poder público. El manoseo a la composición del máximo tribunal, al pauperizar su naturaleza misma, corroe aún más los cimientos del Poder Judicial", expresaron.
Para los legisladores, "forzar a cualquier precio casilleros vacíos en la estructura judicial para designar jueces y fiscales elegidos y designados desde el amiguismo o la afinidad partidaria es quitarle seriedad, respeto y prestigio a lo que debiera ser la reserva moral en la administración de las leyes". "Tampoco es un botín de guerra para el reparto oprobioso entre facciones internas o ámbito devaluado para el canje, trueque o moneda de cambio. Este avance autoritario es síntoma de descomposición, retroceso y anacronismo", sostuvieron.
En esa línea, le pidieron al Gobierno "abandonar sus arrebatos despóticos con los cuales generó un clima hostil y de tensión social". "Una justicia adicta o domesticada no es solamente para urdir un entramado de impunidad, también podrá ser usada como instrumento para que tenga vía libre un modelo de gestión basado en el brutal ajuste a los sectores mayoritarios, criminalizar la protesta social y sindical, reprimir cualquier intento de reacción popular y anular la capacidad de lucha y movilización", opinaron.
Para los diputados, "es incomprensible e injustificable" que en medio de la emergencia sanitaria, "con todos los indicadores provinciales negativos en materia de educación, salud, inseguridad, narcotráfico, pobreza, desempleo y una galopante crisis socioeconómica, le pongan tanta dedicación a la construcción de una justicia militante", y consideraron que esto solo se explica en una administración en la que "no están bien definidos los límites entre los intereses públicos y privados, con un claro menosprecio a la confrontación de ideas, una degradación del rol social del Estado y el rechazo a la construcción de consensos a favor del pensamiento único del partido gobernante, cuya agenda solo se entiende desde la perversa lógica empresarial".
"Advertimos que todos aquellos que hicieron uso ilimitado y abuso de poder, terminaron mal. Por ello hacemos un llamamiento al pueblo de la provincia para que defendamos las instituciones y los sublimes valores de la democracia. Confiamos que el devenir de los acontecimientos, con la sociedad reaccionando ante los extravíos del poder político, irá poniendo las cosas en su justo lugar. Es el pueblo el único que puede poner límites a quienes pisotean el Estado de Derecho con soberbia y autoritarismo para convertir a Catamarca en un feudo y a sus pobladores sometidos y dominados", finalizaron.n
Críticas en el conversatorio de Lebensohn
Días pasados, el Instituto Moisés Lebensohn de Catamarca realizó un conversatorio sobre la reforma judicial de la Provincia, y aseguraron que las modificaciones que hizo el Gobierno "constituyen una amenaza a la democracia, a la transparencia, a las herramientas de prevención de la corrupción y violencia institucional, a la calidad de servicio de Justicia y al estado de derecho". De la charla formaron parte el referente radical Horacio Pernasetti, el presidente del Instituto Moisés Lebensonh, Hernán Rossi; la docente y activista de Transparencia Electoral, Marta Gaba; y los concejales electos de El Alto, Londres y Pomán.
Bajó el lema "Degradación y vulneración del sistema democrático y republicano en Catamarca", se llevó adelante este conversatorio en el sostuvieron que "es claro que los avasallamientos institucionales tienen como propósito la concentración de poder en detrimento del sistema republicano, independencia de la Justicia y representación de las minorías en los cuerpos legislativos", en alusión a la ampliación de miembros de la Corte, la eliminación del Consejo de la Magistratura y la "supresión de la garantía democrática de la participación de las minorías en la ley electoral provincial".
"La ampliación de los miembros de la Corte de Justicia no redundará en la calidad de justicia y los costos de su implementación podrían solventar la apertura de hasta siete juzgados", indicó Pernasetti.
El conversatorio fue moderado por el coordinador del Lebensohn Catamarca, Alfredo Marchioli, y participaron legisladores nacionales y provinciales, además de militantes y dirigentes.
