Luego de que la Cámara Penal N°3 condenara al intendente Enrique del Carmen Aybar (JPC) a seis años de prisión por encontrarlo culpable del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, el diputado provincial Daniel Lavatelli (FT) presentará un proyecto para solicitar la intervención de la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado, en los términos de la ley Orgánica Municipal.
"El intendente de Puerta de Corral Quemado resquebrajó los principios del sistema democrático", fundamentó Lavatelli en la propuesta que se formalizará hoy en la Cámara baja. El diputado se amparó en un documento de la Asamblea Ni Una Menos, de Mujeres y disidencias de Catamarca, que sostiene que "las manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado".
El diputado destacó que el documento de la Asamblea advierte que la violencia "es alimentada por el ejercicio de espacios de poder que pone en manos de este abusador todos los recursos estatales para mantener y ocultar los delitos cometidos de naturaleza sexual contra los cuerpos de las mujeres y las infancias de la Jurisdicción de Puerta de Corral Quemado". "Ante la utilización de los recursos económicos del municipio para mantener la impunidad, la Cámara de Diputados no puede mirar para otro lado y debe utilizar todos los mecanismos institucionales y reaccionar frente a esta grave situación que genera además un desorden administrativo y financiero", advirtió el legislador.
En este sentido, consideró que la facultad de la Provincia de intervenir a la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado "es perfectamente constitucional, y se enmarca en el artículo Nº254 que señala que la Provincia podrá intervenir los municipios por ley sancionada por los dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara, para regularizar sus finanzas cuando el Municipio no cumpliere con sus empréstitos, o los servicios públicos locales no fueren prestados adecuadamente".
En cuanto a la situación de desorden administrativo y financiero, el legislador entiende que esto es provocado por "el mal uso de los recursos económicos del municipio para tratar de encubrirse, para movilizar personas a la Capital con un manejo digno de su sentimiento de impunidad, y también con el uso del vehículo oficial de la Municipalidad para cometer el delito ultrajante de abuso sexual por el cual fue condenado".
"La medida adoptada tiene por finalidad superar la crisis institucional que provoca el desorden administrativo y alcanzar en el marco constitucional, la paz y el orden público del municipio", agregó.
