Tal como estaba previsto, el secretario del gremio del SOEM, Walter Arévalo, fue indagado en el marco de la causa en su contra por los delitos de amenazas simples en calidad de autor y coacción agravada en concurso real en calidad de autor.
El gremialista estuvo frente al fiscal de turno Horacio Brizuela pero se abstuvo de declarar. En la ocasión, se le informó de la denuncia y la imputación en su contra.
La indagatoria no se concretó en el edificio de Fiscalía General, como es costumbre, sino en la Unidad Judicial N° 9, ubicada en el sur de la ciudad, con el fin de evitar la organización de manifestaciones en apoyo al dirigente.
Luego de concretar el trámite, Arévalo volvió a la Comisaría de Santa Rosa, en Valle Viejo, donde está detenido luego de ser arrestado en la madrugada del sábado.
Ahora, el fiscal solicitará la planilla de antecedentes del dirigente y determinará cuáles serán los pasos a seguir. No se sabe a ciencia cierta cuándo podría ser liberado.
Finalizada la indagatoria, el abogado de Arévalo, Miguel Sarli, afirmó estar "consternado" al indicar que la causa contra su cliente "no tiene ningún fundamento".
"Supuestamente la amenaza responde a un whatsapp del 30 de julio. Después de eso Arévalo y el denunciante se juntaron varias veces en el municipio, caminaron juntos por la Sarmiento. Lo más grave es que el denunciante mostró solo un mensaje y no mostró toda la charla”, dijo el letrado, a lo que añadió que ese mensaje "no constituye una amenaza" y que la conversación terminó con un "acordate que después vamos a ser amigos”.
La causa contra Arévalo se inició en base a una presentación del secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Capital, Alberto Natella, quien radicó una denuncia penal por amenazas, coacción agravada y violencia frente a su domicilio particular.
El SOEM cambió la modalidad de las protestas en reclamo de mejoras salariales y de la reincorporación de los precarizados de Higiene Urbana para pasar de los micropiquetes en el centro capitalino a las movilizaciones frente a la casa de funcionarios municipales.
El viernes, el gremio se había movilizado hasta la casa de Natella al considerar que fue él quien firmó los despidos de los 36 beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y porque tenía la responsabilidad de la negociación.
Ante este panorama, Sarli consideró que en base a lo presentado por Natella podría existir "una falsa denuncia”.
“Vamos a analizar la situación del denunciante y si logramos determinar que fue así (la supuesta falsa denuncia), creemos que puede haber ocasionado una estafa procesal, porque se generó toda una movilización jurisdiccional donde el perjudicado fue Arévalo”, advirtió.
Por otra parte, cuestionó la actuación del fiscal al considerar que podría haber "un abuso de autoridad".
“Estamos analizando la situación y creemos que puede haber privación ilegitima de libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque es muy grave lo que sucedió”, dijo.
En este contexto, el abogado indicó no entender cómo el fiscal "en el momento de visualizar el mensaje de Natella no visualizó toda la charla para darse cuenta de que no hubo ningún tipo de amenaza".
"Lo que existió fue una relación sindicalista-funcionario en el marco de una medida de acción directa por lo que no puede haber ninguna clase de temor, como manifestó el denunciante, si desde el 30 de julio se juntaron infinidades de veces para hablar del tema", consideró.
"No sé por qué recién 14 días después se acuerda que lo amenazaron", añadió.
Sobre la imputación por la protesta contra la casa de Natella, el letrado afirmó que "se detectaron inconsistencias importantes".
"La protesta está filmada y la misma Policía puede dar fe que se llevó a cabo a no menos de 80 metros de la casa del funcionario y no en la puerta, como lo quiere hacer creer la imputación", finalizó.