Los diputados Luis Lobo Vergara y Francisco Monti, representantes por la minoría, como titular y suplente, en el ex Consejo de la Magistratura, junto con los presidentes de los partidos que integran la alianza de Juntos por el Cambio, plantearon una acción de inconstitucionalidad por la decisión del Gobierno de eliminar el Consejo de la Magistratura para crear una Comisión Evaluadora con el objeto de llevar adelante los concursos para magistrados y funcionarios judiciales.
El recurso presentado en contra del Estado provincial solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 5651 y su consecuente decreto 1306 por la que se derogó la ley 5012 de Creación e Integración del Consejo de la Magistratura.
El planteo, que tiene como apoderado legal a Luis Fadel, alude al funcionamiento del Consejo que fue creado en noviembre de 2000. “El Consejo de la Magistratura es una institución de un alto valor republicano, al tener representación de distintos sectores, dar publicidad a todos sus actos, permitir el control y oposición de antecedentes y por sobre todas las cosas el libre acceso a postularse en los cargos. La ley 5651 echó por tierra todos estos postulados y en un abrir y cerrar de ojos borró de un plumazo veinte años de institucionalidad derogando la Ley 5012 de manera inconstitucional”, fundamenta.
Luego los legisladores de la oposición señalan que la ley del Consejo no estaba en oposición a la Constitución provincial en cuanto ésta establece que la designación de los magistrados es una facultad del Gobernador.
“La Ley 5012 era la ley que reglamentaba la atribución del Gobernador, por consiguiente, ningún Poder se arrogó facultades de otro, sino que el Poder Legislativo reglamentó -a instancia del Poder Ejecutivo- la manda constitucional. Al hacerlo se estableció un procedimiento que garantizaba la plena participación e igualdad de oportunidades para todos aquellos que aspiraban a cumplir una magistratura, elevando al Poder Ejecutivo una terna sobre la cual el Gobernador tenía plena atribución de elegir y enviar su pliego al Senado para el respectivo Acuerdo”, señala.
“El Gobernador, con este procedimiento, contaba con la tranquilidad de conciencia, de elegir entre tres postulantes que habían cumplido con exigencias de formación jurídica, experiencia profesional, equilibrio emocional, entre otras tantas aptitudes que se requieren para el desempeño del cargo. La ley 5012 no era inconstitucional, no fue cuestionada en tales términos ante órgano jurisdiccional alguno, su derogación es una medida regresiva y contraria al principio de razonabilidad que carece de toda justificación”, señala la oposición.
"Es evidente que existían otras alternativas, sin suprimir o eliminar el Consejo de la Magistratura, como por ejemplo, modificar su composición o incluir a otros estamentos, etc., sin embargo, el legislador optó por una medida carente de razonabilidad que suprime una institución establecida en pos de materializar una de las garantías procesales como es la independencia de la judicatura, puesta no en beneficio de los jueces, sino de los justiciables", señala en relación con la postura del oficialismo.
"No cabe duda de que la norma que aquí se impugna sustituyó un régimen funcional y razonable que permitió a lo largo de veinte años designar jueces y magistrados, retrogradando nuestra organización institucional a estándares decimonónicos, donde de manera omnímoda el Poder Ejecutivo elige a los jueces solo requiriendo el acuerdo del Senado", indica.
El planteo tiene el acompañamiento de Alejandro Páez (UCR), Rubén Manzi (Coalición Cívica), Enrique Cesarini (PRO) y Marisa Nóblega (NEO).
