La identidad de las personas no puede ser revelada ni publicada sin el consentimiento explícito del paciente, según lo establece la ley nacional de Protección de Datos Personales Nº25236. De lo contrario, se incurre en un delito de gravedad. Además, contribuye a la discriminación y estigmatización de los enfermos.
Esto es así porque la información sobre la salud de una persona corresponde a la categoría de “datos sensibles”, y ninguna persona puede ser obligada a proporcionarlos, pero sí pueden ser utilizados con fines estadísticos o científicos.
Además, la información sobre la salud de un paciente está protegida por el secreto profesional.
Por otra parte, la divulgación de datos sensibles como los del contagio de COVID-19 puede prestarse para la estigmatización o difamación de una persona.
El grupo de comunicadoras feministas “Eulalias”, recordó que “el seguimiento epidemiológico es responsabilidad del Ministerio de Salud, y divulgar datos personales de los posibles afectados promueve la discriminación y la violación de sus derechos”. “Frente a los casos confirmados de COVID-19 apelamos a ser empáticos y amorosos con los que están sufriendo la enfermedad. Todos debemos practicar una comunicación responsable y chequear las fuentes”, dijeron. n
