La Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento del dirigente de la Corriente Martín Fierro Ricardo Rodríguez, de su excompañero Orlando Paredes y de la referente Dora Guerrero, todos ellos acusados del delito de estafa en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta.
Los dirigentes habían sido denunciados ante la Justicia Federal por el extitular de la Gerencia de Empleo Mariano Manzi por el supuesto desvío de planes sociales. La presentación se había concretado a finales de 2017 ante Fiscalía Federal, que, luego de iniciar la investigación, pasó las actuaciones al juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras.
En 2019 y luego de haber tomado una serie de medidas, como el allanamiento a la casa de Guerrero, el juez había procesado a los dirigentes, además de haberles trabado un embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos. El procesamiento era sin afectar la libertad de los acusados.
Paredes apeló la medida ante el tribunal de alzada, que finalmente rechazó su planteo. Rodríguez, por su parte, se adhirió al planteo de su excompañero de la agrupación.
Para justificar su pedido, Paredes había manifestado que para su imputación "no se arbitraron medidas de prueba tendientes a dilucidar la verdad real del delito denunciado" y que solo se lo procesa por su pertenencia a la agrupación.
En la resolución de la Cámara Federal, el tribunal ratifica el accionar de Contreras al manifestar que "no se requiere un análisis exhaustivo del proceso intelectual que llevó al juez a resolver de la manera en que lo hizo".
Además, destaca las pruebas que presentó Manzi contra los dirigentes, en las que se incluye el testimonio de beneficiarios de planes sociales a los que Rodríguez y Paredes les pedían dinero para aportar a la agrupación, con la amenaza de que si no pagaban se les iba a quitar el beneficio.
Manzi realizó la presentación contra Rodríguez y compañía en base a una declaración que realizó el dirigente a El Ancasti donde admitía que los beneficiarios de los planes sociales gestionados por la Martín Fierro debían dejar un porcentaje a la agrupación.
"Es un aporte partidario con la UCR y el PJ" había manifestado Rodríguez.
El exfuncionario nacional había acompañado a su presentación testimonios y capturas de conversaciones de Whatsapp donde los dirigentes exigían el pago de dinero por parte de beneficiarios.
Manzi sostenía en su denuncia que Rodríguez y demás denunciados trabajaban mediante una asociación civil sin fines de lucro que de ninguna manera podía solicitar aportes partidarios.