La fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de los exdirectivos de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por considerarlos responsables del espionaje que se hizo sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria, y por haber luego dado “apariencia legal” a esos operativos, al justificarlos en una causa para prevenir atentados terroristas que ya existía.
“Sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este” sobre la exjefa de Estado se hubiese podido llevar adelante “sin la orden de las autoridades superiores del organismo”, sostuvo el Ministerio Público.
El pedido fue solicitado por el fiscal Santiago Eyherabide, quien junto a la fiscal Cecilia Incardona trabajaba en la investigación del espionaje ilegal sobre distintos dirigentes políticos, sindicales, periodistas, jueces y organizaciones sociales. El planteo, no obstante, fue solo en el capítulo sobre el episodio descubierto en el Instituto Patria.
Además de Arribas y Majdalani, también se pidió el procesamiento de Martín Coste, el último director de Contrainteligencia durante el macrismo y quien -en su indagatoria- confirmó cómo se llevaron adelante las maniobras del montaje legal sobre esas vigilancias.
También que se solicitó que dicten fuertes embargos sobre sus bienes y se les prohíba salir del país.
En sus indagatorias, Arribas y Majdalani habían rechazado las acusaciones y aseguraron que fueron observaciones que se hicieron en el marco de una causa legal. También apuntaron contra Coste, como responsable del sector, si es que hubo alguna irregularidad.
Después de escuchar a los acusados y analizar las pruebas, la fiscalía le pidió al juez Augé que procese sin prisión preventiva a Arribas, Majdalani y Coste por falsedad ideológica y violación a la ley de inteligencia, confirmaron a Infobae fuentes consultadas.
En la causa ya estaba procesado Alan Ruiz, el exresponsable de Operaciones Especiales de la AFI. A criterio del Ministerio Público, los acusados elaboraron, firmaron y utilizaron documentos “ideológicamente falsos” para “eludir su responsabilidad funcional y penal”.