La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas envió una carta al Gobernador Raúl Jalil en la que rechaza la estrategia política del oficialismo para remover a dos jueces de la Corte de Justicia, tal el caso de José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.
La entidad se refirió a situaciones particulares en las provincias de San Luis y Catamarca. A nivel local, existe un pedido de juicio político para ambos miembros de la Corte que el oficialismo se niega a tratar en la Cámara baja porque no tiene la mayoría calificada para avanzar.
El planteo fue iniciado en 2018 por el abogado Eduardo Andrada al considerar que ambos magistrados exceden la edad permitida por la Constitución en su artículo 195. Sin embargo, los dos fueron ratificados en sus cargos por sentencia judicial que declaró la inconstitucionalidad de ese artículo de la Constitución Provincial. En ese momento, Fiscalía de Estado no recurrió esa sentencia.
La Junta Federal de Cortes señala que la" independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que rigen el sistema Republicano de Gobierno".
En esta línea, sostiene que las causales previstas para la remoción no quedan "a la pura discrecionalidad de los jurados de enjuiciamiento o de los Poderes Legislativos. Tampoco suponen, esos enjuiciamientos la revisión de los actos de designación. Esto ocurre cuando los órganos que tienen la atribución de enjuiciar la conducta del magistrado -cámaras legislativas o jurados- revisan sentencias judiciales o acuerdos legislativos y designaciones de Poderes Ejecutivos".
"Ni un jurado de enjuiciamiento, ni una sala legislativa juzgadora, pueden revisar una sentencia o un acuerdo. Admitir otro criterio importa, cualquiera sea la preocupación que motive el re examen, aún la tacha moral compatible, dar ocasión a que los nombramientos de jueces queden sujetos a revocación", expresa el documento.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) es una entidad federal que nuclea a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas que la componen, congregando así a los ministros integrantes de las cabezas de los Poderes Judiciales Provinciales del país. El ministro de la Corte Luis Raúl Cippitelli integra la entidad como vocal.
"Todo cambio de legislación que se proyecte o se sancione y promulgue modificando el sistema normativo por el cual se designaron los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, San Luis y otros miembros del Poder Judicial, por el principio de estabilidad, solamente podrá regir para el futuro para aquellas personas que sean designadas por el nuevo régimen, pero nunca puede aplicarse con retroactividad, en perjuicio de aquellos", añade.
Más adelante, el documento ratifica el principio de estabilidad para los cargos judiciales. "Es bien sabido que nuestros constituyentes, tanto el nacional como los provinciales, tuvieron la convicción de que, para tutelar los derechos de las personas, en especial las más débiles, la función judicial debe ser ejercida por quienes gocen, a su vez, de protección frente a la eventual desviación de poder de los cuerpos legislativos y/o jurados que, pretextando móviles sanos, persigan depuraciones incompatibles con las respectivas Constituciones", añade.
La entidad menciona pronunciamientos que realizó en estos últimos años. "En definitiva, se ocasionaría un grave daño a la estabilidad institucional de la República, si fuera posible someter a enjuiciamiento o enjuiciar a magistrados por situaciones o circunstancias que al momento de acordarse el nombramiento y ulterior ejercicio, fueron conocidas y aun valoradas por aquellos que tuvieron la responsabilidad de hacerlo. De lo contrario, implicaría que el actual poder político sustituyera las decisiones legítimas de los gobernantes de entonces, con manifiesto agravio a la seguridad jurídica, comportando una ostensible gravedad institucional", indica el documento que lleva la firma de la presidenta de JU. FE. JU, María del Carme Battaini.
"El examen del comportamiento de los jueces no puede ser político porque no están investidos de funciones políticas", sostiene.n
