Por otra parte, la Cámara dio media sanción al proyecto iniciado por la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, para reglamentar el principio de inamovilidad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia. El proyecto recibió el rechazo de la oposición al considerar que "es un tiro por elevación a algunos miembros de la Corte".
Al momento de fundamentar la iniciativa de ley, Guerrero planteó que con ésta se busca la reglamentación "dilatada pero necesaria de una norma constitucional" (artículo 195 de la constitución provincial).
La legisladora resaltó que entre los limitantes de la inamovilidad está el supuesto de cumplir la edad de 65 años. En ese marco, recordó que ese límite "fue vulnerado por algunas decisiones jurisdiccionales que tergiversaron la inamovilidad para transformarla por vía de la declaración de la inconstitucionalidad del articulo 195 en cargos a perpetuidad".
"Los magistrados que iniciaron juicio ante la Corte local cuando juraron como jueces juraron por la Constitución que contiene ese artículo (el 195), por lo que de antemano conocían fehacientemente que esa garantía de inamovilidad iba a llegar hasta los 65 años", sostuvo.
Finalmente, manifestó que con esas declaraciones de inconstitucionalidad lograron la consagración de un privilegio inadmisible porque los únicos privilegios que son válidos son los emanados de la Constitución. Situación que nuestra Constitución no les ha conferido a los magistrados.
Por su parte, el diputado Francisco Monti (UCR) advirtió que "es evidente que este proyecto es un tiro por elevación a algunos miembros de la Corte". En ese sentido, recordó que aquellos jueces que presentaron planteos de inconstitucionalidad al artículo 195 obtuvieron sentencia favorable. "Las sentencias se encuentran firmes a partir que Fiscalía de Estado no planteo el recurso de queja ante la Suprema Corte", sostuvo.
En este contexto, indicó que desde el momento en que un Poder (el Legislativo) pretende analizar la nulidad de una sentencia judicial está arrogándose facultades que no tiene".
"Una cosa son las valoraciones que se puede tener sobre un fallo pero la única manera de aniquilar los efectos de una sentencia es a través de otra sentencia", manifestó.
Finalmente, consideró que, en realidad, lo que le molesta al oficialismo es que exista un Poder del Estado que no ha sido ocupado por el partido del gobierno".
Por su parte, su par Luis Lobo Vergara cuestionó que este proyecto se intente aprobar sin la opinión de la oposición. "Esta Legislatura está tomando la costumbre de no debatir. Baja línea y que sea lo que Dios quiera", dijo.
Sostuvo que con este proyecto "estamos legislado con nombre y apellido y no para la sociedad. Queremos echar a dos miembros de la Corte que tienen sentencia firme".
Finalmente, adelantó que este proyecto de ley va camino a la inconstitucionalidad al sostener que no se pueden reglamentar principios sino artículos concretos.
Por su parte, el oficialista Augusto Barros salió al cruce de la oposición al plantear que "el respeto por la Constitución y las leyes debe alcanzar a todos los poderes". También aclaró que de ninguna manera se persigue a los jueces por sus colores políticos al considerar que sus fallos deben fundamentarse en la sana crítica racional.
