Luego de que el Senado convirtió en ley la reforma judicial del oficialismo, distintos partidos políticos que conforman la oposición provincial y nacional realizaron pronunciamientos en contra de lo que consideraron un "golpe institucional" . El interbloque de Juntos por el Cambio mantuvo ayer una reunión virtual en la que se decidió mantener la unidad y buscar la estrategia para revisar las leyes que fueron aprobadas por el oficialismo.
Ayer, a primera hora, se dio a conocer un documento que fue encabezado por el senador nacional Oscar Castillo y contó con el respaldo de la Coalición Cívica, NEO y PRO, que integran la alianza Juntos por el Cambio. No firmó ese documento el diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral ni tampoco referentes del Movimiento Renovador ni el Fapra, líneas internas que no forman parte del oficialismo partidario.
El pronunciamiento cuestiona al Gobierno en duros términos al afirmar que pretende un Poder Judicial con mayoría automática del oficialismo.
“Mientras el país miraba afligido el peor día de una pandemia gravísima, sin cura y sin vacuna, el gobernador Raúl Jalil y un grupo de legisladores resueltos a traicionar el mandato popular que los obliga a respetar las instituciones de nuestra Constitución decidieron entrar por asalto a la Legislatura provincial para violentar la democracia. Al conjunto de la ciudadanía catamarqueña se la obligó a mantenerse encerrada en la fase más restrictiva de la emergencia sanitaria. Sin embargo, se habilitó una impostura de debate en la Legislatura provincial para tejer un traje a medida: un Poder Judicial con mayoría automática del oficialismo, en todos sus niveles”, expresa el documento.
“La gravedad institucional de este desvarío de un poder político cebado ante el temor de una sociedad enclaustrada es innegable. Ninguna careta que invoque los supuestos beneficios de una reforma podrá ocultar los intereses evidentes del grupo gobernante puestos de manifiesto en esta maniobra. El oficialismo salió 'de caño' a quedarse con la Corte de Justicia y cuanto juzgado ande disponible para ponerlo en mano de una facción resuelta a construir impunidades antes que respetar garantías”, agregaron.
"Los argumentos constitucionales ni siquiera han asomado al debate. El mismo sector político que gobierna ya aumentó la cantidad de miembros de la Corte. Solo la ambición de una mayoría automática explica este nuevo exceso. La reforma constitucional de 1994, que fue resultado del último gran consenso político de los argentinos, prohijó instituciones como los consejos para designar magistrados que le quitaron esa prerrogativa feudal a los gobernantes de turno".
Al concluir, la oposición realiza una recomendación y advierte sobre los riesgos para el partido gobernante: "El oficialismo provincial tiene una sola opción para subsanar este extravío: retroceder en el exceso, admitir el error del atropello, volver al seguro resguardo de nuestra Constitución. Y le conviene hacerlo porque nadie sale inmune tras una degradación institucional. En especial aquellos que las provocan. Es el modo más seguro de construir su descrédito, la desconfianza de la ciudadanía y el deterioro de su autoridad en un plazo que suele ser siempre más corto y menos generoso que las ambiciones humanas".
"Ningún poder es eterno. Y una justicia de servilleta es la primera que lo traiciona", finaliza el posicionamiento que además lleva la firma de Rubén Manzi (CC-ARI), Orieta Vera (CC-ARI), Gustavo Jalile, Horacio Pernasetti, Marisa Nóblega y Alejandro Páez, entre otros.
Repudio nacional
En sintonía, la UCR nacional, que comanda Alfredo Cornejo como presidente, emitió también un documento en el que denuncia un grave avance contra las instituciones.
"Esta maniobra del oficialismo provincial, en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta a nuestro país y haciendo uso de una mayoría circunstancial, tuvo un tratamiento exprés en las Cámaras de Diputados y Senadores de Catamarca, anulando el debate parlamentario que todo sistema democrático pondera.
No puede dejar de preocuparnos este avasallamiento por parte del oficialismo gobernante, que otra vez va en contra de las minorías que tienen representación ciudadana en los parlamentos, y avanza en medidas arbitrarias para hacerse del control absoluto de la Justicia".
El PRO, que conduce Patricia Bullrich y con el acompañamiento de la conducción local de Enrique Cesarini, Natalia Saseta y Carlos Molina, afirmó que se concretó un golpe a los valores republicanos en Catamarca.
"Nuestros principios partidarios nos obligan a oponernos a estas acciones y atajos, los cuales aprovechándose burdamente de una pandemia (COVID-19) en trámite exprés atentan contra instituciones republicanas consagradas constitucionalmente y que preservan la división de poderes, la selección de jueces probos y velan por el resguardo del máximo tribunal de Justicia", señala el documento.
La Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica también se pronunció contra la eliminación del Consejo de la Magistratura y el incremento de cinco a siete el número de miembros de la Corte de Justicia.
"Este acto de avasallamiento institucional se llevó a cabo en un contexto de pandemia, con una sociedad, preocupada y atemorizada por su salud y economía", indica el documento del partido que tiene como referente a Elisa Carrió.
"Esta intromisión sobre la Justicia, atropella y vulnera el principio de resguardo de la división de poderes, y hace retroceder a los catamarqueños a veinte años; también devuelve al Gobernador la plena discrecionalidad sobre el nombramiento de jueces y magistrados", señala.
"Un fantasma crece sobre los catamarqueños: la consolidación de un régimen hegemónico; y una alarmante duda se esparce sobre el resto del país: ¿será Catamarca la antesala o punta de lanza del avance del oficialismo nacional sobre la justicia?", se pregunta.
