Legisladores y dirigentes de la UCR de los sectores internos Movimiento Renovador, Fapra, CPR, entre otros, solicitaron formalmente al gobernador Raúl Jalil que vete las leyes que aprobó la Legislatura vinculados a la reforma judicial.
Concretamente, solicitan que haga uso de los mecanismos previstos en el artículo 149 -inc. 3º- de la Constitución Provincial que establece el derecho a veto como una de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
En el pedido, que fue realizado mediante nota gestionada por el diputado Francisco Monti, advierten que existen "razones de peso para justificar lo peticionado”, teniendo en cuenta que en el caso de la ampliación de la Corte, se realizó “sin el más mínimo debate previo y constructivo”.
“Tampoco obedece a una necesidad pública, ni redundará en un incremento de la calidad en la administración de justicia. No producirá un incremento en la calidad de los miembros de la alta magistratura y sus sentencias, puesto que tal objetivo se consigue mediante un procedimiento de selección, capacitación, evaluación y remoción de los mismos que aseguren su idoneidad, independencia e imparcialidad y la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial”, señalan.
Añaden que dividir la Corte en Salas especializadas "en realidad generará más demoras en la ya lenta circulación de los expedientes entre los jueces".
Sobre la supresión del Consejo de la Magistratura, advierten que representa “un atropello a la independencia judicial”, en cuanto elimina el procedimiento del concurso público para la designación de magistrados e integrantes del Ministerio Público "lo que conlleva el riesgo de incorporaciones discrecionales y arbitrarias, con el consecuente deterioro de la calidad del servicio de justicia y de la confianza o que tan altas magistraturas deben inspirar en la ciudadanía".
Según la nota, esta situación podría dar lugar "a la ruptura inconstitucional de las bases de la organización político - jurídica de nuestra sociedad, puesto que la designación de los magistrados provinciales debe efectuarse asegurando valoraciones objetivas de los conocimientos de los candidatos, respeto por el orden de mérito, de manera fundada y no discriminatoria" y ahora se lo pretende sustituir "por un procedimiento selectivo organizado y finalizado por el Poder Ejecutivo lo que constituye una afrenta a los estándares de selección y designación de jueces fijados por el Pacto de San José de Costa Rica".
Señalando "la gravedad institucional generada" por la reforma impulsada por el oficialismo, los firmantes instan al Gobernador a la reflexión y actuar conforme a Derecho "velando por el respeto de la institucionalidad, por quien inviste las más altas funciones y responsabilidades decisorias en la Provincia".
Por último, proponen su colaboración para trabajar "en una legítima y eficaz reforma del Poder Judicial".
Entre los firmantes, se encuentran el diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral (Renovador), el exintendente de la Capital Ricardo Guzmán (Fapra), los diputados Monti, Carlos Marsilli, José Sosa (CPR) y Enrique Cesarini (PRO), los concejales Fernando Navarro y Alicia Paz y los dirigentes Horacio Pernasetti, Guillermo Herrera, Augusto Acuña, Miguel Ángel Vázquez Sastre (Vanguardia Radical), entre otros.
