La avanzada oficialista en la Legislatura para poner en marcha la reforma judicial generó la rápida respuesta de miembros de la Justicia local y nacional. La iniciativa que más preocupación generó en los ámbitos judiciales es la derogación de la ley que crea el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, tanto el miembro de la Corte local, Ricardo Cáceres, la Asociación de Magistrados de la Provincia y el Foro Federal de Consejos de la Magistratura expresaron su temor en cuanto al futuro de la Justicia local por esta situación.
En diálogo con la prensa, Cáceres indicó que el instituto del Consejo de la Magistratura "no es nuevo en la provincia". En ese sentido, dijo que estuvo en la Constitución local del año 1866 y que "en la reforma del 88, durante el gobierno de Ramón Saadi se lo excluyó".
El juez afirmó que al menos él siempre defenderá este organismo porque está "a favor de la justicia independiente".
Más adelante puso en duda los argumentos del oficialismo provincial en relación con la inconstitucionalidad del Consejo. "Los más prestigiosos juristas sostienen que el Ejecutivo se puede autolimitar por decreto. En la provincia se hizo por ley y el Gobierno se sometió voluntariamente a una norma 'inconstitucional' porque considera beneficioso para la Justicia", afirmó.
Añadió que "volver atrás es institucionalmente un retroceso" y consideró que si hay que mejorar el instituto por como están los concursos se pueden proponer cambios, pero tiene que existir".
Cáceres también afirmó que si la Justicia es cuestionada también es responsabilidad de los otros poderes. "La Justicia no solo funciona gracias a sus miembros, necesitamos el presupuesto porque el que tenemos no alcanza como también necesitamos del Poder del Legislativo", dijo.
Si bien no quiso entrar en detalles, el juez dijo que "se está politizando mucho a la Justicia en Catamarca".
"Hay muchos cargos vacantes y están buscando que la Justicia sea la renta obligada de los mediocres", lanzó.
Por último, cargó contra las cámaras legislativas al sostener: "A los que más critican habría que ver si hicieron algún concurso en su vida".
"Reformarlo pero no eliminarlo"
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Marcia Lozada, indicó que desde el organismo a su cargo "no esperábamos estas leyes, menos en este momento".
La magistrada afirmó que desde la Asociación "manifestamos que se debe fortalecer la independencia del Poder Judicial". "La Justicia así como resuelve cuestiones entre particulares también controla a los otros poderes del Estado, por lo tanto que la Constitución garantiza su independencia", añadió.
Más adelante, afirmó que desde la Asociación "vamos a defender siempre la existencia de un mecanismo de selección de jueces y funcionarios".
Agregó que el Consejo de la Magistratura está contemplado en la Constitución nacional de 1994 y que a partir de ahí se fue incorporando por leyes y reformas constitucionales en las provincias. "Es totalmente legal", dijo.
"Es el método más idóneo para seleccionar los mejores profesionales que van a ocupar estos altos cargos", sostuvo y si bien remarcó que "es una ley perfectible, cumplió acabadamente con las atribuciones que tenía".
"Seguramente requiere una reforma y modernización pero no debe ser eliminada", cerró.
"Preocupación"
Finalmente, el Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) expresa su preocupación por la derogación de la ley que creara el Consejo de la Magistratura en la provincia.
"El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas, proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos", indicó el organismo en un comunicado.
Finalmente, resaltó que mediante estos institutos se "garantizan la independencia judicial, la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos, el compromiso de los postulantes con los valores democráticos y los derechos humanos y la idoneidad de los mismos, en tanto requisitos imprescindibles para asegurar un Poder Judicial efectivo y en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho.
Volver al viejo sistema
Con la derogación de la ley que creó el Consejo de la Magistratura, la elección de jueces y funcionarios judiciales vuelve al sistema previsto en la Constitución Provincial que faculta al Poder Ejecutivo a nombrar los magistrados únicamente con el acuerdo del Senado. Este sistema es el mismo para nombrar a los jueces de la Corte, al fiscal de Estado y a los miembros del Tribunal de Cuentas. El nombramiento de los jueces está estipulado en el capítulo III que habla de “las atribuciones del gobernador” a través del inciso 18 del artículo 149 y en el capítulo vinculado a las atribuciones de la Cámara de Senadores, mediante el artículo 89.
