Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados opinó sobre las consideraciones realizadas por miembros del Poder Ejecutivo vinculadas a modificaciones en la Justicia local.
miércoles 22 de julio de 2026
Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados opinó sobre las consideraciones realizadas por miembros del Poder Ejecutivo vinculadas a modificaciones en la Justicia local.
La Asociación consideró "necesario recordar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución Nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho".
"El Poder Judicial es el encargado de juzgar los casos concretos sometidos a su examen y controlar los actos de gobierno, en virtud de lo cual no puede ni debe recibir directivas de los demás poderes acerca de cómo deberán ser sus decisiones. Por tales motivos, la Constitución Nacional como las Constituciones Provinciales establecen una serie de institutos tendientes a garantizar dicha independencia, como la inamovilidad de los jueces en sus cargos y la intangibilidad del salario”, afirmó.
En este contexto, consideró que "no puede permitirse, menos aún en tiempo de crisis como los que estamos atravesando por la pandemia, circunstancias que alteren la calidad institucional, y cualquier intento de reforma legislativa que se refiera a la administración de justicia".
En referencia a la posible reforma o derogación del Consejo de la Magistratura, destacó que este organismo (creado por Ley N° 5012), implicó la concreción en el ámbito local de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 ."Su importancia radica en que mediante el proceso de selección de los aspirantes se puede determinar la idoneidad técnica y la experiencia para el cargo, mejorando la calidad institucional en razón de la especial versación de las cuestiones jurídicas que requieren tales designaciones, en atención a las elementales atribuciones encomendadas a los órganos del Poder Judicial", indicó.
"Entendemos que el Consejo de la Magistratura debe continuar funcionando, y celebramos cualquier reforma que resulte necesaria para optimizarlo, frente a los nuevos desafíos que la sociedad exige a los integrantes del Poder Judicial, y los cambios económicos, sociales, culturales y tecnológicas, que lógicamente se deben incorporar paulatinamente en su totalidad", cerró.
