Ayer ingresaron a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley presentados por el oficialismo que seguramente generarán una fuerte polémica. Uno es la ampliación de la Corte de Justicia pasando de cinco a siete miembros y otro reemplaza al ENRE por otro organismo denominado Agencia Reguladora, Fiscalizadora y de Protección de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos. (Ver aparte).
Ambas iniciativas son del diputado Augusto Barros y tomarán estado parlamentario en la sesión prevista para hoy.
En cuanto al proyecto de reforma del máximo tribunal, la iniciativa no solo se queda en la ampliación de miembros de la Corte pasando de cinco a siete. La propuesta de Barros solicita que la Corte trabaje en salas. En ese sentido, le da un plazo de 90 días para que el tribunal dicte las acordadas reglamentarias pertinentes para que pueda funcionar de esta forma. Esta orden ya había sido incluida en la ampliación de la Corte de 2016, pero no se había concretado.
La iniciativa también establece que la presidencia de la Corte durará dos años, pudiendo el presidente ser reelegido. Actualmente, el mandato es por un año.
Por otra parte, y en los casos de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los ministros de la Corte, el proyecto modifica la lista de los reemplazos para completar el número legal para sentenciar. En ese marco, quita de la lista al procurador de la Corte (está en primer lugar de la actual ley orgánica del Poder Judicial) y a los fiscales (están en quinto lugar).
Advierte que en el supuesto de que en una causa judicial que deba dirimirse ante la Corte, sea por competencia originaria o por vía de alzada, y que el objeto de la misma verse sobre una cuestión que involucre a magistrados o funcionarios del Poder Judicial, el tribunal no podrá actuar con sus miembros naturales, y se conformará íntegramente con conjueces que formen parte de la lista de abogados de la matrícula.
Por último y en caso de la lista de conjueces, establece que esta será mediante el mecanismo de sorteo en audiencia pública.
En los fundamentos, Barros justificó su proyecto al recordar que en 2016 la exgobernadora Lucía Corpacci envió a la Legislatura el proyecto de ley que propiciaba la ampliación de la Corte de Justicia con siete miembros, lo cual fue modificado en el ámbito de la Cámara de Diputados, en la que se bien se acogió la necesidad de ampliar su integración, se redujo la propuesta original a solo cinco. "Con ello se perdió, en aquel momento, la posibilidad de avanzar hacia una conformación distinta, que permitiera la reorganización profunda de la labor del alto Tribunal, porque si bien se instituyó la facultad de funcionamiento por salas temáticas, tal innovación no tuvo acogida en los hechos a partir de la asunción de los nuevos jueces designados", indicó.
También advirtió que "una Corte, con un mayor número de jueces, permitiría el enriquecimiento de sus decisiones, a partir de
poder resultar el reflejo de un mayor pluralismo doctrinario".
Finalmente, destacó que este proyecto se sustenta en el reclamo de la sociedad que "anhela una Justicia más ágil, más oportuna, en tiempo real, que no dilate en el tiempo la resolución de los conflictos".
"Una Justicia que deje de lado los criterios eminentemente corporativos que la alejan y la contraponen, a la vigencia de la Constitución y de los intereses populares", cerró.
El antecedente
La primera ampliación del número de miembros de la Corte fue propuesto por Corpacci en 2016, en el marco de un proyecto de reforma integral del Poder Judicial. La iniciativa, que proponía elevar a siete los miembros, tomó estado parlamentario en la Cámara baja en la primera sesión ordinaria y obtuvo la media sanción el 29 de junio, gracias a los votos divididos del FCS pero con modificaciones: en total, los miembros serían cinco.
Se convirtió en ley el 14 de julio en la Cámara de Senadores, donde se presentaron los pliegos de Molina y Figueroa Vicario el 9 de septiembre. Éstos se aprobaron en menos de 20 días y sin objeciones en la sesión del 22 de septiembre.
Proponen reemplazar al ENRE
El proyecto que crea la Agencia Reguladora, Fiscalizadora y de Protección de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos (ARCOS) para reemplazar al ENRE, establece que este nuevo organismo "tendrá a su cargo la protección de los consumidores y usuarios y ejercerá el control de los servicios públicos, cualquiera sea el título habilitante de éstos".
ARCOS también tendrá la facultad de ejercer el poder de policía y el control en materia de prestación de servicios públicos, "velando por los derechos de los usuarios y los intereses de la comunidad, la seguridad de las instalaciones y la protección del medio ambiente, controlando y fiscalizando a la empresas prestatarias como agentes contaminantes".
Preocupación de la oposición
Al cierre de esta edición, los diputados de la oposición se encontraban analizando la postura que tomarán ante la presentación de estos proyectos que deberían tomar estado parlamentario en la sesión de hoy.
Sucede que la presentación de estas iniciativas tomó por sorpresa al interbloque de Juntos por el Cambio, quien estaba de acuerdo con realizar una sesión hoy para incluir la posibilidad de que el cuerpo pueda sesionar en forma remota teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados no está autorizada para realizar plenarios fuera del recinto.
Desde la oposición cuestionaron el apuro del oficialismo para que estos proyectos ingresen a la Cámara.
