El Frente de Unidad y Solidaridad Sindical elevó al gobernador Raúl Jalil su devolución con observaciones sobre ocho artículos del último proyecto de reforma del Estado que les presentaron la semana pasada. Para los secretarios generales, hay "una serie de falencias, errores y ambigüedades conceptuales" y consideraron que varios artículos van en contra de lo que dicta la Constitución Provincial. Hasta anoche, el Ejecutivo no había presentado el proyecto a la Legislatura.
Sobre los nombramientos En primera instancia, cuestionaron la creación del régimen único de ingreso al Estado Provincial para los tres poderes, al considerar que se vulneran los artículos Nº110 y Nº206 de la Constitución, que establecen que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial tienen entre sus facultades designar a su propio personal. En este sentido, propusieron que el Comité de Ingreso al Estado reglamente, evalúe y califique los concursos, pero que sea cada Poder el que realice el nombramiento.
Respecto de la conformación de ese Comité de Ingreso al Estado, señalaron que el proyecto "omite determinar cómo se compondrá el mismo", y en esa línea recomendaron que se detalle que "el representante del Poder Ejecutivo será designado por el
Gobernador, el representante del Poder Legislativo será designado por acuerdo de los presidentes de ambas Cámaras, el representante del Poder Judicial por acuerdo de los miembros de la Corte de Justicia, y los representantes gremiales se solicitará su designación al gremio del sector o dependencia pública de la cual se pretende cubrir el alta". Además, cuestionaron que "no se establece de manera clara y precisa los alcances y límites de dichas funciones".
"La Constitución establece en virtud del sistema republicano de Gobierno, la división de poderes, lo que redunda en que cada Poder va a contratar su personal, por ello creemos que la norma es inconstitucional, al vulnerar la independencia prescripta por el artículo Nº1 de la Constitución Nacional", señalaron.
Sobre la prohibición de nombrar a familiares de los funcionarios, consideraron que se debería incluir también la prohibición de la "contratación".
Movilidad laboral También repararon sobre el artículo que propone la movilidad laboral, que si bien debería ser con la conformidad del empleado, sugieren que esa conformidad "sea manifestada por el trabajador de forma libre y expresa". Además, aclararon que deberá garantizarse no solo estabilidad, antigüedad y carrera administrativa, sino además que no se tocará el salario de trabajador.
Licencia prejubilatoria Por otra parte, sugirieron eliminar el inciso que excluye de la licencia prejubilatoria a "quienes perciban adicionales especiales sujetos a carga horaria extraordinaria, salvo expresa renuncia del agente a la percepción del adicional", al considerar que generaría "un marco de desigualdad entre trabajadores". Además, proponen que para el trabajador que decida optar por esa licencia, se aclare que el porcentaje del 70 o 60% del salario a percibir se considere tomando como computo final y definitivo el monto neto del salario.
"Como podrá apreciar, en un tiempo sucinto y escueto el FUSSI, con el claro objeto de efectuar un control sindical del proyecto, ha verificado la existencia de una serie de falencias, errores y ambigüedades conceptuales, por lo que en esta instancia y con las deficiencias previamente observadas, recomendamos que el mismo sea profundizado por el organismo de origen, en su análisis, estudio y desarrollo, como paso previo a su tratamiento legislativo", señaló el abogado Iván Sarquis, asesor legal de ATE y coordinador del FUSSI en el escrito que se presentó al gobernador Raúl Jalil.
Trámite Legislativo
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no había enviado aún el proyecto a la Legislatura. Sin embargo, desde el FUSSI ya adelantaron que realizarán un seguimiento del trámite parlamentario para mantenerse firmes en las observaciones realizadas.
Se trata del cuarto proyecto que el Ejecutivo propone a esta mesa intersindical. En una reunión que mantuvieron la semana pasada lograron quitar un artículo que establecía facultades al Ejecutivo para "tomar los recaudos conducentes para garantizar los servicios esenciales y a adoptar las medidas necesarias para evitar la suspensión y/o pérdida de fuentes laborales cualquiera sea la modalidad presupuestaria o de contratación" ante una situación de crisis que ponga en riesgo las finanzas provinciales, lo que desde el FUSSI se había considerado como un "cheque en blanco" que permitía al Poder Ejecutivo avanzar sobre las fuentes laborales. n
TRÁMITE
Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no había presentado el proyecto en la Legislatura. El FUSSI adelantó que monitoreará el trámite legislativo.
