Con el rechazo de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de modificación a la ley provincial de expropiaciones enviado por el Ejecutivo.
jueves 23 de julio de 2026
Con el rechazo de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de modificación a la ley provincial de expropiaciones enviado por el Ejecutivo.
Concretamente el proyecto, que ahora pasó a la Cámara de Senadores, incorpora dos artículos para regular las expropiaciones de los inmuebles alcanzados por el régimen de Promoción de la ley nacional N° 22.021, o que hayan estado afectados bajo dicho régimen.
Desde la oposición, rechazaron la iniciativa al advertir que es inconstitucional, lo que podría significar un problema para el Estado en el futuro.
De parte del oficialismo, el diputado Ramón Figueroa Castellanos defendió la propuesta al señalar que la ley nacional N° 22.021 creó un régimen de promoción de desarrollo económico para explotaciones agrícolas, ganaderas, turísticas. En ese marco, agregó que en "la última época hubo proyectos que resultaron abandonados" por lo que en el contexto de “la actual crisis productiva local se requiere en forma inmediata el recupero de todos estos inmuebles para convertirlos nuevamente en proyectos que sean productivos y colaboren con el desarrollo de la economía local”.
Añadió que el problema de la burocratización de la expropiación de estos inmuebles hace imperioso un proceso dinámico para recuperar las propiedades.
En esa línea, indicó que el proyecto concretamente establece que la indemnización a pagarse por la expropiación se haga efectiva previa determinación y pago de todas las deudas de las propiedades con el Fisco y que la puesta en posesión de las propiedades en manos estatales sea más dinámica para "comenzar de inmediato la reactivación económica".
Desde el interbloque Juntos por el Cambio, el diputado Luis Lobo Vergara indicó que las modificaciones que se proponen "no hacen más eficaz y dinámico el proceso".
En ese marco, aseguró que la propuesta de que el privado pague los impuestos antes de ser indemnizado es inconstitucional, ya que la Constitución provincial establece en su artículo 8 que en caso de expropiación, previamente se debe indemnizar en efectivo.
"Pretender crear una instancia administrativa donde el expropiado tenga que pagar es claramente inconstitucional", sostuvo.
Posteriormente habló que "se está avanzando con una ley inoficiosa y estéril que será impugnada cuando se la intente hacer valer".
En cuanto a la segunda modificación, planteó que se establece una expropiación exprés del "derecho venezolano".
"Estamos dando un abanico de posibilidades para que el Estado haga un tremendo abuso del poder", cerró.
El ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís, quien también está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, presentó ayer a dos secretarios que lo acompañarán en la gestión de esta última área. Se trata de Emilio Ramacci, quien estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y Lucas Florit, secretario de Políticas Agrícolas y Ganaderas.
En diálogo con la prensa, Sarquís comentó que el área trabaja en la elaboración de un mapa productivo, un documento digital que contendrá información sobre la situación parcelaria, las actividades productivas realizadas y potenciales, rutas, servicios, etc. Esa herramienta informará sobre la realidad y las posibilidades de la provincia.
El Ministro se refirió también al proyecto de expropiación: "La recuperación de tierra busca generar un banco de tierras para tener a disposición de inversores. Ésa es la última etapa".
Comentó que la iniciativa que se trata en la Legislatura constituye el marco general. Luego, por cada parcela que se pueda expropiar se enviará un proyecto de ley individual a la Legislatura. "Somos conscientes de que hay tierras que ya fueron comercializadas, pero hay otras que no".
Por su parte, el secretario Lucas Florit aclaró que este proceso no incluye a los colonos de Nueva Coneta, por ejemplo, que pueden tener tierras improductivas por la falta de agua para riego.
En este sentido aclaró que este proceso no los implica porque obtuvieron esas tierras por otra normativa, que es la ley de colonias. "Estamos trabajando en las parcelas que son improductivas y que los propietarios no están trabajando o no viven en ese lugar", sostuvo.
El área expresó que la intención es recuperar cada una de las áreas para convocar a nuevos inversores.
