La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, María Fernanda Raverta, aseguró que mientras ya está en marcha el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se analiza que un eventual tercer pago podría hacerse pero no para todo el país, dejando afuera a las zonas en las que la economía volvió a funcionar.
"La idea es terminar con el segundo pago mientras se sigue pensando cómo ir acompañando a las familias. No se sabe el formato ni el instrumento todavía", dijo la funcionaria en declaraciones radiales al ser consultada sobre si habrá o no un tercer pago del IFE. Raverta sostuvo que "hay una dinámica constante de reflexión y caracterización de lo que va pasando y eso hace que las medidas se vayan tomando en función del diagnóstico de la realidad".
Por eso, dijo, "no es lo mismo ahora en un lugar en el que ya la economía se puso en marcha y en la que no hay circulación comunitaria de COVID-19, que en una zona que debe permanecer con una cuarentena estricta". "No es lo mismo este tiempo, que uno donde económicamente algunos lugares se pueden volver a poner a funcionar", aseguró la funcionaria. En ese sentido, dijo que el Gobierno "reflexiona y piensa cómo seguir acompañando a las familias que la están pasando mal".
Continuidad del IFE
Un grupo de investigadores en políticas públicas de las universidades públicas de Córdoba proponen que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el Gobierno nacional se convierta en una política de Estado como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según publicó el diario La Voz del Interior, la propuesta "apunta a mejorar las condiciones de vida generalizadas". "Pretenden que la ayuda extraordinaria que en junio comenzó su segunda entrega tenga continuidad de manera permanente y se cristalice como política pública independientemente de la continuidad o finalización de aislamiento social, preventivo y obligatorio", señalaron.
Informe
Un estudio elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, indicó que la recaudación por el aporte especial a las grandes fortunas que se debate en el Congreso "permitiría financiar casi 21 millones de ingresos familiares de emergencia (IFE) de $10.000, o 5.622 hospitales modulares".
Por este gravamen especial, que se aplicaría por única vez, el oficialismo espera recaudar unos 3.000 millones de dólares que representarían $210.000 millones al tipo de cambio oficial. El estudio puntualiza que se podrían cubrir 20,8 millones de beneficios correspondientes al IFE y a 12,3 millones de jubilaciones.
Por otra parte, el informe indica que "la presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE". "Si bien la alternativa de un impuesto que grave solamente una pequeña porción de la población incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales parece una decisión socialmente justa no está exenta de críticas", afirma el estudio.
Para la UNDAV, "suele instalarse que la Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con dicha afirmación".