La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su "profunda preocupación" por la intervención del Gobierno a Vicentin y realizaron fuertes advertencias sobre las consecuencias que esto ocasionará. "La industria agroexportadora considera que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen", dijeron las dos cámaras en un comunicado conjunto.
Aseguraron que "violentar" esos preceptos genera "inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país". CIARA y CEC señalaron que el comercio exterior agroalimentario es parte esencial de la economía argentina y todas las empresas que conforman el complejo agroindustrial exportador son miembros de la comunidad nacional. "Toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas", dice el comunicado.
"Los planteos que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino", agrega.
Posteriormente, señala que el concepto de soberanía alimentaria "ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país". "La eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el "cluster" agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas", dijeron las entidades.
"Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial", advirtieron.
"Rayo encima" Juan Cruz Vicentin, uno de los integrantes de la cuarta generación del grupo Vicentin, dijo que la crisis que atraviesa ese gigante del agro fue como si les hubiese "caído un rayo".
Juan Cruz tiene 26 años, es bisnieto del fundador y vive en Buenos Aires, donde llegó a estudiar abogacía en la UCA, y la noticia de la intervención lo sorprendió en el departamento de Legales de la compañía familiar donde trabaja. Su tarea en los últimos meses estuvo destinada a juntar voluntades para conseguir acuerdo con los acreedores, lo que desembocó en el concurso previsional, explicó.
Dijo que el avance del Gobierno sobre Vicentin los tomó por "sorpresa" porque "el acuerdo preventivo estaba marchando, estamos operando las plantas, la gente está cobrando su sueldo".
