En la última sesión del Senado los legisladores dieron media sanción a la ley de disolución de la Caja Forense de la Provincia, que debe dar inicio al proceso de liquidación de la misma. El proyecto, que fue presentado por el senador Maximiliano Brumec, tiene el consenso de los abogados, ya que en una asamblea el año pasado habían aprobado su disolución.
"Se trata de una problemática de los profesionales que durante su vida apostaron a recibir beneficios de un organismo que no ha cumplido con el objetivo de su creación", expresa el proyecto que propone la derogación de la ley nº2.789 de creación de la Caja Forense.
En el articulado, el proyecto advierte que una vez que sea sancionada la ley, las competencias que correspondían a la Caja pueden ser asumidas por el Colegio de Abogados, siempre que la comisión directiva lo autorice.
Además, la ley cesaría la obligatoriedad de cumplir con los aportes, contribuciones y otros deberes que los abogados y procuradores tenían con la Caja, con la salvedad de las deudas devengadas por cuotas sociales impagas.
La media sanción prevé también que se fije un plazo de cuatro meses para disolver la Caja, y en ese período los empleados que de ella dependen podrán ser transferidos al Colegio de Abogados o podrán negociar acuerdos particulares.
"El proyecto tiene su base en garantizar a los abogados y procuradores los derechos reconocidos tanto en la Constitución nacional como provincial, que avalan condiciones dignas y equitativas de labor, con retribuciones justas, como así también, el derecho de propiedad", establecen los fundamentos de la norma.
La disolución de la Caja Forense se había planteado el año pasado, cuando en una asamblea sus integrantes acordaron la derogación de la ley que la creó. Según indicaron en su momento, se analizó que no era posible que ningún profesional pudiera jubilarse con la estructura de recursos de la Caja, y no había jubilaciones desde 1974.
En paralelo, el Colegio de Abogados fue parte fundamental del proyecto de la Caja Interprofesional, que fue presentado a la Legislatura en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Círculo de Odontólogos, entre otros colegios profesionales que adhirieron a la iniciativa.
Según estimaciones, la Caja Interprofesional tendría una base aportante de 7.000 profesionales, que podría extenderse si se convierte en ley y se permite el ingreso de otros profesionales no colegiados. n
