Siete diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal ante la Justicia contra el presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyen el delito de "abuso de autoridad" por su decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin.
"El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley", argumentaron los firmantes en la denuncia.
Según sostienen, el decreto 522 publicado este martes en el Boletín Oficial viola varios artículos de la Constitución nacional, que de acuerdo a su interpretación "prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o Gobierno alguno".
"Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia", aseguró la presentación judicial.
Agregó que "la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal mencionado".
"Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas", concluye la denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py por los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
El lunes por la noche, los bloques de la coalición opositora había difundido un comunicado conjunto en repudio a la medida que consideran "peligrosa, ilegal e inconstitucional".
Protesta en Avellaneda
Vecinos de la ciudad santafesina de Avellaneda se manifestaron en la sede de la empresa agroindustrial Vicentin para rechazar la decisión del Gobierno de intervenir la compañía ante una deuda que ronda los US$ 1.350 millones.
La convocatoria fue impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación titulada: "No a la expropiación".
La concentración comenzó a las 18 en la calle 14 y Avenida San Martín y la consigna era asistir a la movilización con una bandera argentina.
"Participá en tu auto tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social", indicó la publicación de Scarpin.
Sin embargo, cientos de personas participaron de la manifestación en la calle y rodearon el edificio con una bandera argentina.
Antes de la protesta, Scarpin criticó el accionar del Gobierno y en declaraciones radiales fustigó: "Están robando parte de una historia, sacrificio y esfuerzo".
Al mediodía de este martes, acudió a las instalaciones el subinterventor, Luciano Zarich, por lo que los participantes de la movilización también repudiaron su presencia.
El presidente Alberto Fernández anunció el lunes la intervención de Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla "de utilidad pública y expropiación".
El 80% de la deuda financiera de Vicentin está en poder del Banco Nación, que le otorgó los préstamos durante la gestión de Javier González Fraga, en el Gobierno anterior.
El Gobierno designó como interventor de esa productora de alimentos al experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad CEMA y economista del INTA.
El proyecto ingresará por el Senado
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para expropiar la empresa Vicentin ingresará por el Senado, donde el oficialismo prevé responsabilizar a la gestión de Juntos por el Cambio por la crisis de la firma, mientras la oposición cuestionará la motivación de la medida, al señalar que la deuda "podía saldarse con los activos".
Fuentes del Poder Ejecutivo y del Senado confirmaron que la iniciativa anunciada por el presidente Alberto Fernández ingresará por la Cámara alta aunque todavía no tiene fecha y que el tema está siendo trabajado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.
La elección del Senado como cámara iniciadora del debate se debe, por un lado, a que una de las personas que trabajó en la redacción del proyecto fue la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos.
La senadora que participó junto al presidente del anuncio de la intervención de la empresa exportadora de granos, adelantó que si bien el Gobierno está teniendo "una oposición bastante racional", el proyecto para expropiar a la firma "parecería que no" contará con el apoyo de Juntos por el Cambio.
