El concejal de la Capital Fernando Navarro (Juntos por el Cambio) presentará un proyecto de Comunicación por el que solicita que la Fiscalía de la Municipalidad de la Capital inicie acciones legales en contra de los decretos del Poder Ejecutivo Provincial por los que se decidió derogar el régimen de regalías mineras y afectar recursos que tenían destino específico para Rentas Generales. Se estima que el Concejo Deliberativo podría volver a sesionar la próxima semana.
El edil pide que el Ejecutivo municipal efectúe "el formal y correspondiente reclamo al Poder Ejecutivo Provincial en referencia los decretos Nº 599/20 y 672/20 a fin de que se dejen sin efecto los mismos, atento a que alteran el destino de regalías mineras que irán ahora a las arcas de Tesorería provincial en desmedro de los recursos que por regalías mineras le corresponden al municipio capital dentro de la dinámica distributiva estipulada en la ley Nº 5128", expresa.
En el artículo segundo pide la intervención de la Fiscalía Municipal. En este punto considera que el organismo "debe cumplir con sus deberes establecidos en la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza reglamentaria, por lo que deberá presentar las acciones judiciales correspondientes en defensa del patrimonio municipal".
Además, solicita al Ejecutivo municipal que realice las gestiones necesarias ante los diputados y senadores de la Provincia, con el objeto de que éstos no convaliden los decretos mencionados al señalar que "atenta de manera directa los intereses patrimoniales afectando así el normal desenvolvimiento de todos los municipios de la provincia que ellos representan".
En los fundamentos del proyecto, Navarro argumenta: "La noción del destino de estos fondos, tal como lo dispone el decreto 599/20, fortalecerá la administración provincial en menoscabo de los municipios que también se ven afectados con las disminuciones significativas de las otras fuentes de coparticipación lo que casi inevitablemente también llevará a una crisis en la administración de este municipio".
Más adelante se refiere a que la autonomía de los municipios está garantizada por la Constitución provincial y por distintos fallos judiciales.
"No puede una ley provincial posterior ni mucho menos un decreto afectar la autonomía financiera de los municipios, ya que se trata de una garantía de rango constitucional", añadió.
"Los municipios no son meras dependencias o delegaciones burocráticas del Gobierno provincial, sino que son entes con personalidad y atribuciones propias, las que no pueden ser lesionadas por intromisión de una autoridad extraña", sostuvo y menciona fallos de la Corte de Justicia de la Provincia.
