Con la confirmación del gobernador Raúl Jalil de que enviará un proyecto a la Legislatura para avanzar con la ley de emergencia y las reformas del Estado, los gremios se declararon en estado de alerta: trabajadores del IPV, Vialidad, Legislatura, municipales, docentes y ahora también los de Rentas, Catastro y el Registro de la Propiedad advirtieron que temen por su estabilidad laboral.
Tal como se informó, el Gobierno avanzó con la creación de la Agencia Recaudadora Catamarca (ARCA) mediante un decreto acuerdo que será puesto a consideración de la Legislatura. Mientras tanto, los empleados de los organismos que fueron unificados cuestionaron la forma en la que se dio el nacimiento de la nueva entidad.
Soledad Agüero, referente de los trabajadores de Catastro, dijo que si bien habían visto que las modificaciones en Vialidad y en el IPV se habían dado por decreto, no esperaban que ocurriera lo mismo con ARCA. "Vamos a tener una reunión al administrador para conocer cuál será la situación, porque esto no deja de ser inesperado", adelantó en diálogo con Cae el Telón, por Radio Ancasti.
En este sentido, la sindicalista explicó que una de las principales preocupaciones pasa por si respetarán los derechos que los trabajadores de cada área tienen adquiridos. "En el caso de Catastro, percibimos un adicional que tiene un método de cálculo totalmente distinto al que tienen en Rentas y en el Registro de la Propiedad, y no sabemos cómo se dará eso en el futuro", advirtió Agüero. "Habíamos hecho algunas sugerencias de modificaciones, así que ahora vamos a analizar punto por punto porque hay muchas cosas que no nos quedan claras. Esto fue avasallante", dijo.
Agüero destacó que el decreto no habla de "fusión" de los organismos, sino que los tres formarían parte de la Agencia. Sin embargo, dijo que no queda claro "cómo será la estructura orgánica de ARCA".
De hecho, la creación de este organismo había sido resistida en su tratamiento legislativo. Mientras otros proyectos enviados por el Ejecutivo obtenían media sanción en la Cámara de Diputados, el ARCA todavía tenía reparos especialmente luego de una reunión que los legisladores mantuvieron con los integrantes de distintos colegios profesionales, quienes advirtieron que "no era necesaria una ley que agrupe a los tres organismos". "Sería muy problemático porque cada organismo tiene competencias distintas", había advertido el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Marcos Kon.
Así, los trabajadores que integrarán ARCA se suman a las preocupaciones de los empleados del IPV, que esta semana terminarán de definir cuál será la carta que utilizarán; al igual que Vialidad y los otros sindicatos.
Tras conocer que las modificaciones a sus leyes orgánicas se hicieron por decreto, en el Vialidad adelantaron que judicializarían el decreto con la presentación de un amparo ante la Corte de Justicia, en el que cuestionarán la constitucionalidad del instrumento.
En igual sentido lo haría el sindicato del IPV, aunque no descartaba un reclamo administrativo en primera instancia.
A todos estos gremios, también se sumaron los integrantes de la mesa intersindical estatal, que conforman ATE, SUTECA, el SOEM, y referentes de las Cámaras legislativas.
En este caso, los gremios cuestionaron los términos de la movilidad laboral, que también fue anunciada por el gobernador y si bien existió la posibilidad de que se formalizara por decreto, finalmente fue el propio Jalil el que confirmó que enviaría el proyecto a la Legislatura.
Los gremios ya advirtieron que se declaran en alerta permanente, piden que la movilidad sea voluntaria y se respeten salarios, y no descartaron movilizaciones.
Más críticas legislativas
Por su parte, el diputado Hugo Ávila (FUC) se sumó a los cuestionamientos contra los decretos del gobernador Jalil.
"Creo que más allá del discurso, eligió el peor camino que es el de la autocracia, el de gobernar por decreto. En un momento tan difícil y particular que vive el mundo, el país y la provincia, lo ideal y correcto es la búsqueda de consensos con todos los sectores políticos, sociales y gremiales y el gobernador decidió llevarlos por delante. Mientras el presidente trabaja junto a la oposición, aquí Jalil emula las formas y el estilo de Bolsonaro o Donald Trump", disparó Ávila.
Para el diputado, la reforma del Estado "no es otra cosa que un plan de ajuste, típico de un gobierno que busca hacer caer derechos adquiridos, congelar el salario, y poner fin a algunas conquistas sociales del pueblo de Catamarca como el boleto estudiantil".
"Está claro que no cree que la oposición y los mismos legisladores del oficialismo pueda hacer algún aporte que mejore sus propuestas. Gobernar por decreto significa que la legislatura solamente puede rechazar o aprobar, sin la posibilidad de introducir alguna modificación. Con esto se pierde el espíritu democrático que debe imperar en el marco del estado de derecho", lamentó.
Oposición a la disolución del ENRE
El diputado Luis Lobo Vergara (bloque UCR) consideró que constituye un error la intención del Gobierno de disolver el ENRE. En cambio, señaló que es necesario revisar las funciones que cumple.
Días pasados el gobernador Raúl Jalil anticipó que aspiraba a revisar el rol del ENRE al argumentar que ya no tiene sentido su continuidad porque las empresas de servicios están en manos del Estado. Luego Fuentes del Gobierno confirmaron a EL ANCASTI que la intención es que Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, asuma la atención de los reclamos del público, vinculados con las empresas de servicios de luz y agua.
"Yo tengo una opinión formada. Creo que es un error la disolución del ENRE. Hay que hacer una aclaración fundamental. Una cosa es el organismo y otra cosa es su funcionamiento. Es decir, si quienes tienen la facultad para aplicar la ley la aplican como corresponde o no se toman las atribuciones que la ley le da, ahí si pasa a no tener sentido el organismo", expresó.
"Tenemos un organismo que no cumple con las funciones que le son propias. Tuvimos una audiencia pública hace dos años, donde se analizaba los costos de la prestación del servicio, No había un solo papel que indique o que explique cuáles eran los costos de la empresa. Hicimos las objeciones del caso y pedimos una evaluación real y eso no prosperó. Denunciamos también que era una obligación realizar una evaluación de la calidad del servicio y hasta el día de hoy no hemos logrado que eso suceda.
La falta de cumplimiento de estos objetivos hace que quienes hoy gobiernan tengan esa posición", sostuvo. "Sintetizar la vigencia del Ente Regulador al hecho de que las empresas sean estatales es simplificar el problema. La realidad es que en Estados Unidos y Europa donde funcionan con Entes Reguladores, el 70 u el 80% de la prestadoras de servicio son estatales", comentó Lobo Vergara en declaraciones radiales.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa el gobernador Raúl Jalil no mencionó la disolución del ENRE, pero no se descarta que sea parte de la reforma del Estado que enviará a la Legislatura.