El gobernador Raúl Jalil mencionó que la propuesta de ley de emergencia que enviará a la Legislatura está basada en el proyecto de emergencia económica que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura porteña.
Entre los puntos clave de esa iniciativa están las atribuciones para reasignar partidas, suspender contrataciones e incentivar el pago de tributos, prohibir nuevas designaciones, entre otros puntos. El bloque opositor ya planteó sus reservas y realizó cambios, entre los que destaca un informe mensual sobre la marcha de la emergencia en la Ciudad.
En primera instancia, de conseguir la sanción de la ley, el Ejecutivo porteño tendría la facultad de reasignar partidas al Tesoro para ser utilizadas en el marco de la emergencia. Estas partidas pueden ser incluso saldos no utilizados del 2019, pero principalmente queda habilitado a suspender o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas y utilizar esos recursos para la emergencia, salvo aquellos que estén destinados a beneficios sociales.
Respecto de la política tributaria, el incentivo para el pago de las tasas incluye desde descuentos hasta créditos fiscales para aquellos que paguen por adelantado sus obligaciones del segundo semestre de 2020. En este caso, para los contribuyentes que estén en condiciones y decidan adelantar los pagos, tendrán un descuento del 30% de lo que les hubiera correspondido pagar.
La posibilidad de acceder al crédito fiscal es para aquellos que hagan anticipos tributarios de Ingresos Brutos. En este caso, el crédito no podrá ser superior al 30% del valor ingresado a modo de anticipo, y además podrá ser utilizado para saldar los cumplimientos fiscales que rijan desde el 1º de enero de 2021.
Además, el Gobierno de la Ciudad se compromete a cesar las ejecuciones fiscales, trabas de embargos y todo tipo de penalidades, salvo en aquellas causas en las que exista una inminente prescripción de sentencia.
En lo concerniente a las compras y contrataciones, el Ejecutivo quedaría habilitado a revisar todos los procesos ya iniciados, incluyendo la posibilidad de suspenderlos o renegociar los términos, en busca de ofertas que resulten más convenientes. En este sentido, si algún proveedor hubiera incurrido en un gasto por un contrato que luego fuera modificado o cancelado, esos gastos se reconocerán después de pasada la emergencia sanitaria, sin posibilidad de accionar por "lucro cesante" ante la CABA.
Sobre el personal, quedará prohibido realizar cualquier tipo de designación, nombramiento o convenio de asistencia técnica, tampoco estarán permitidas retribuciones extraordinarias, premios, incentivos o suplementos salariales ni en efectivo, ni en especie. Por otra parte, se oficializó la donación “voluntaria” del 25% de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía tras un acuerdo alcanzado con los poderes legislativo y judicial.