El ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó que se trate de "un intento de expropiación generalizada" el proyecto para que el Estado se quede con acciones de empresas a las que asistió durante la pandemia y dijo que le "parece bien" la idea de cobrar una tasa a grandes riquezas. Respecto de ambas iniciativas, surgidas en el oficialismo, Rossi aseguró que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, "comparten" esa postura.
"No me parece un intento de expropiación generalizada", remarcó el funcionario en declaraciones radiales, en referencia a la iniciativa de la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, para que el Estado capitalice acciones de compañías a las que durante la cuarentena apuntaló financieramente con el pago de salarios, mecanismo que fue impulsado por el Gobierno para evitar que cientos de empresas afronten graves dificultades económicas en medio de la pandemia del coronavirus.
Con el visto bueno de Rossi, el proyecto de Vallejos sigue sumando apoyos dentro del Gobierno para que puede ser tratado en el Congreso aunque aún no tiene formato de ley. En los últimos días, también expresaron respaldo los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Educación, Nicolás Trota, quienes sostuvieron que la propuesta era "interesante".
En declaraciones públicas, la diputada autora de la propuesta explicó que el proyecto "no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos". "He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, dijo la Vallejos, y agregó a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, el Estado "ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años".
"Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección", añadió.
Además, la diputada justificó la iniciativa al asegurar que son “medidas necesarias” en medio de la “crisis pandémica”, y agregó que en el país hay “una crisis preexistente a la cuestión sanitaria”.
Por el contrario, desde la oposición rechazaron la idea y aseguraron que se trata de una iniciativa con características "confiscatorias". En esa línea, el diputado radical Luis Petri presentó un proyecto para prohibir que las ayudas puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. Su propuesta fue avalada por una docena de legisladores de Juntos por el Cambio, entre los que figuran el ex gobernador mendocino y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo.
