Una investigación realizada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco dejó expuesta una serie de maniobras delictivas y terminó con 15 imputados. Empezó en General La Madrid, una ciudad situada a 92 kilómetros de Olavarría, cuando esta banda intentó acceder a las cuentas bancarias de la Municipalidad. Las denuncias por estafas telefónicas empezaron a crecer, como en el resto del país, al calor del aislamiento, social, preventivo y obligatorio. Más personas en sus casas, más atentas al teléfono y con nuevas normativas surgiendo cada día. Pero hubo una, al tesorero de la Municipalidad, a quien le sacaron cerca de un millón de pesos, además de las claves de las cuentas oficiales de la Comuna. No llegaron a vaciarlas porque tienen un permiso especial que requiere de la autorización del intendente, pero sí llegaron a transferir a distintas cuentas más de 20 millones de pesos.
Esa ambición les costó varios allanamientos y el secuestro de gran parte del botín recaudado. Al menos siete personas privadas de su libertad en el penal de Cruz del Eje, en Córdoba, usaban teléfonos celulares que ingresaban ante la vista gorda de integrantes del Servicio Penitenciario. Una actividad que, advierten, está por demás extendida en las cárceles de la provincia, donde se acumulan causas de este tipo de estafas. Sospechan, incluso, que hay más reclusos operando en esa y en otras unidades carcelarias de Córdoba.
En los allanamientos realizados en los calabozos encontraron teléfonos celulares, listados con números con características de ciudades del interior y anotaciones. Muchas anotaciones. Números de CBU, claves de homebanking, pin de seguridad y códigos TOKEN. Todas las herramientas de seguridad bancaria violadas en papeles desparramados en los calabozos. También, listados de números de teléfonos celulares que anotaban al voleo y que iban siguiendo por orden correlativo para no repetirse. Operaban desde las 9 hasta las 20. Hacían entre 100 y 200 llamados por día desde cada uno de los números.
Usaban historias tan ensayadas como habitualmente se repiten en este tipo de estafas. La maniobra del cuento del tío es antigua y conocida, pero se extendió casi a la par del coronavirus en Argentina. Esta banda se aprovechó de las personas más vulneradas por la crisis económica que aceleró la pandemia y que solicitaron asistencia del Gobierno a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para ayudar a las personas de menos recursos. Fueron tantos los que pidieron esta ayuda económica de 10 mil pesos que muchos cayeron en la trampa. Y quienes no la solicitaron también: les decían que por decreto todos los ciudadanos podían acceder a la IFE y, ante la tentación de hacerse del dinero, daban todos sus datos. Desde este "call center" de pabellón se hacían pasar por empleados de la ANSeS o por abogados y “guiaban” a las víctimas con un supuesto instructivo para cobrar la ayuda. Esa guía terminaba en el cajero automático con los usuarios del banco cambiando claves de cajero automático, de home banking y autorizando accesos remotos a sus cuentas bancarias. Una vez “adentro” transferían dinero a terceros de otras cuentas que ya habían violado, o a otras en Chaco y Córdoba.n
