Con críticas de la oposición, la comisión bicameral de Trámite Legislativo del Congreso trató ayer el discutido decreto de necesidad y urgencia que otorga "superpoderes" al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para la reasignación de partidas presupuestarias en el marco de la emergencia por COVID-19.
Al cabo del debate, se pasó a la firma digital de los dictámenes y pese a la resistencia de la oposición se esperaba que el oficialismo hiciera valer su mayoría en la bicameral presidida por el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri.
La implementación del flamante sistema de firma digital de los dictámenes hizo que se demorara la resolución legislativa sobre los decretos.
También se esperaba la aprobación de otros cinco DNU vinculados con las prórrogas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, la prórroga de la suspensión del corte de servicios por falta de pago y la prórroga y la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la inhabilitación de clientes y la aplicación de multas ante un cheque rechazado.
Juntos por el Cambio concentró sus cuestionamientos al decreto al dictamen 457/2020, que eliminó transitoriamente el tope del 5% del Presupuesto nacional que tenía el jefe de Gabinete para reasignar partidas, ya que a su criterio esta medida buscaba eludir el rol constitucional del Congreso en la distribución de recursos.
Por el oficialismo, el santacruceño Pablo González explicó que la reasignación de partidas presupuestarias es "absolutamente necesaria para darle virtualidad económica y financiara a las medidas que se han ido tomando" para paliar las consecuencias de la pandemia. A su turno, el diputado macrista Pablo Tonelli cuestionó esta apreciación al sostener que a partir del decreto, que elimina el techo del 5% que establecía la Ley de Administración Financiera y del 7,5% según la ley de Emergencia, el jefe de Gabinete tendrá facultades para reestructurar "sin límites el 100% del Presupuesto".
El legislador del PRO aseguró que la Constitución establece que el Congreso aprueba el Presupuesto que después el Gobierno ejecuta, y que ese principio está "en la base del sistema republicano de Gobierno".
En este sentido, Tonelli catalogó el decreto 457 como "notoriamente inconstitucional" porque "viola de forma palmaria y evidente el principio de división de poderes y de reserva legal del Congreso". A continuación el diputado mendocino del PRO Omar de Marchi sostuvo que "las condiciones de este tiempo hacían absolutamente innecesario este decreto". Más tarde llegaría la respuesta de González a este planteo: el diputado kirchnerista adujo que si el Gobierno no hubiera dictado un DNU para flexibilizar la reasignación de partidas, "el reproche habría sido que se está disponiendo de recursos sin pasar por el Congreso de la Nación". La senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti recordó que "hay cuestiones que no se podían presupuestar porque ningún habitante de esta tierra sabía que iba a encontrarse con una pandemia".