Un juez aceptó tratar el pedido de más de 100 abogados para que se restablezca de manera total el funcionamiento de la justicia, limitado por las medidas sanitarias dispuestas para la pandemia del coronavirus. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión al Gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los dos organismos demandados por los letrados.
Un grupo de 166 abogados presentaron el 6 de mayo un amparo colectivo en el que pidieron que la Justicia sea declarada como una “actividad esencial” y que vuelva a funcionar de manera plena bajo la modalidad de teletrabajo. El caso quedó a cargo del juez federal en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo, quien habilitó la feria judicial para tratar el caso. El magistrado dispuso el viernes pasado que antes de resolver deben opinar sobre el planteo del gobierno de Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le dio tres días para enviar su postura.
Desde el 20 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo implementó el aislamiento obligatorio, la Corte Suprema se sumó a la medida y dispuso una feria extraordinaria. Mediante la acordada 6/20 dispuso que se tramiten los casos urgentes que no admitan demora -como los pedidos de las personas detenidas-, limitó la presencia de personas en los tribunales, que en los juzgados trabaje el personal indispensable y habilitó la resolución de casos por medios tecnológicos. Cada vez que el Gobierno extendió la cuarentena, el máximo tribunal dictó una nueva acordada en la que ratificó el modo de trabajo de la Justicia agregando cada vez nuevas funciones para realizar.
No obstante, un grupo de abogados entendió que después de dos meses de trabajo limitado se debía volver a un funcionamiento pleno a través del teletrabajo. Explicaron que la Justicia es un servicio esencial y que el parate les significa un perjuicio económico.
“A estas alturas no brindar el Servicio de Justicia con regularidad resulta un auténtico disparate, que vulnera derechos constitucionales y supralegales, que por este amparo se buscan proteger. Es por ello que se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional dicte en forma urgente un decreto de necesidad y urgencia que incorpore expresamente a la Justicia como actividad esencial”, sostiene el amparo.
Los letrados explicaron que la limitación laboral en la que se encuentran les genera problemas económicos. Señalaron que no están cobrando honorarios y que a pesar de eso no fueron alcanzados por ninguna de las medidas de ayuda económica y que deben seguir pagando los impuestos que tienen por su profesión además de los costos de alquiler de una oficina y todos los gastos que eso tiene. A eso se suma que, a diferencia de los integrantes del Poder Judicial, los abogados no están exceptuados de cumplir el aislamiento.
Así pidieron la inconstitucionalidad de las acordadas de la Corte Suprema que fijaron la feria judicial extraordinaria y que mediante una medida cautelar -que es una medida de rápida tramitación- “el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de “teletrabajo” en el ámbito de la Justicia nacional”.