El ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para recuperar las tierras que quedaron abandonadas y que en otra época fueron diferimientos impositivos. Adelantó que el objetivo del proyecto es conformar un banco de tierras y convocar a inversores para realizar emprendiminetos productivos. La iniciativa modifica una ley del año '66 y apunta a reglamentar la indemnización que pagará el Estado y a obtener celeridad en el trámite.
El ministro, quien está a cargo de Agricultura y Ganadería, consideró que habrá que olvidar lo que fueron los diferimientos impositivos en la década del 90 porque la realidad de esas parcelas es otra en la actualidad.
"Hubo una ley de diferimientos que tenía un propósito. Hay empresas que cumplieron con su compromiso y se pusieron en marcha, están en pie, ya dejaron de ser empresas diferidas y ya son empresas locales. Hay otro grupo de empresas, que no es menor, que abandonó su campo, dejó las inversiones a medias y despidió el personal. Hay que ver el procedimiento para la expropiación. Hay un interés público ambiental porque se hicieron desmontes agresivos y ése es el paisaje que se ve en la ruta 33 y en la ruta 38 de plantaciones secas y con una plantación autóctona que se perdió", graficó.
"Hemos preparado un proyecto de ley que es un procedimiento de expropiación para este tipo de explotaciones y cuando contemos con el instrumento legal vamos a proceder. De cualquier manera, se está trabajando en el padrón para saber cuáles fueron las unidades abandonadas", manifestó y señaló que se pretende conformar un banco de tierras y luego convocar a inversores para sumarse a los lineamientos productivas.
El Ancasti accedió a la iniciativa que busca modificar una ley provincial de expropiación de tierras.
En los fundamentos señala que "la actual crisis productiva local requiere en forma inmediata el recupero de todos estos inmuebles para convertirlos nuevamente en proyectos que sean productivos y colaboren con el desarrollo de la economía local", expresa la fundamentación de la iniciativa.
Describe que el problema que encuentra la Provincia en estos casos es la burocratización y ralentización del proceso de expropiación de los inmuebles, "afectando seriamente los fines de recuperación productiva, incluso frente situaciones de grave incumplimiento a programas bajo los cuales se habían concedido los beneficios fiscales e incluso donde había existido desacatamiento al plan exigido desde nuestra Provincia como autoridad de aplicación de la ley 22.021 y sus normas complementarias", expresa en alusión a los regímenes de promoción que estuvieron vigentes.
Es por eso que se considera necesario introducir mecanismos que permitan el trámite de expropiación que establece la ley 2210 del año 1966 "que contiene una normativa antigua y dificultosa que genera demora de años en los procesos administrativos y judiciales de expropiación".
El proyecto busca garantizar que previo a la indemnización por el inmueble, los propietarios abonen las obligaciones provinciales que tenían pendiente porque el beneficio fiscal era para la producción.
En este sentido propone que la indemnización que abone la Provincia, como producto de dicha expropiación, se haga efectiva luego del pago de "todas y cada una de las deudas que esas propiedades generaron con el Fisco de la Provincia ya que eran inmuebles beneficiados fiscalmente, siempre que lo hicieran bajo un régimen de producción y no para ser abandonados como sucedió en numerosos casos.
La otra modificación a la ley apunta a obtener "un proceso dinámico de puesta en posesión del inmueble en manos estatales para comenzar de inmediato la reactivación económica".
Es por eso que busca establecer que "en el caso de inmuebles alcanzados por el régimen de Promoción de la ley Nacional Nº 22021/1979 y leyes complementarias o que hayan estado afectados bajo dicho régimen, la toma de posesión durante la expropiación deberá realizarse por autoridad judicial o autoridad administrativa, inmediatamente de iniciado el proceso expropiatorio”.
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