El Sindicato de Trabajadores de Vialidad Provincial formalizó la presentación de un amparo ante la Corte de Justicia contra el decreto nº 637 del Gobierno de la Provincia, con el que se incluyó a Vialidad dentro del esquema del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. El gremio aseguró que el decreto es "arbitrario, ilegal e inconstitucional" y plantearon una acción de no innovar hasta tanto la Corte defina el caso.
El interventor del sindicato, Pablo Vega, interpuso la acción de amparo contra el Ejecutivo solicitando se declare la ilegalidad e inaplicabilidad por inconstitucionalidad del decreto nº 637. "Asimismo, a los efectos de hacer cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses de mis representados, solicito se dicte medida cautelar de no innovar, ordenándose al accionado se abstenga de ejecutar las disposiciones de la cuya ilegalidad se demanda, hasta tanto se alcance una resolución definitiva en el presente caso", explicó.
Para el normalizador, se observa en los considerandos del decreto "la falta de un mínimo de sustento legal del accionar del Ejecutivo". En este sentido, consideró que la conformación de un Directorio cuyo presidente será el Ministro de Infraestructura y Obras Civiles es "algo evidentemente arbitrario, transformando la autarquía que le da la ley a la Dirección de Vialidad en letra muerta". "Esto es así porque deja de tener la autonomía que es la esencia de dicha conformación jurídica", explicó.
Además, cuestionó la oportunidad en la que se firmó el instrumento, teniendo en cuenta la proximidad para el inicio del período ordinario de la Legislatura y el hecho de que las modificaciones a la ley ya tenían un avance logrado en extraordinarias. "El decreto es a todas luces inconstitucional ya que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por una ley. No existe la necesidad ni la urgencia para proceder a su dictado. Por el contrario, es un mero aprovechamiento sin más, sin lógica alguna, de la coyuntura actual del país, para modificar leyes suprimiendo toda posibilidad de debate legislativo y, lo más grave aún, procurando el desconocimiento de derechos y garantías consagrados constitucionalmente", planteó el abogado.
Por último, el gremio adelantó que en el supuesto de que no tuviera lugar la petición, se hace expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el reclamo.
Recusaciones
El gremio, además, recusó a la presidenta de la Corte, Vilma Molina, por ser hermana del diputado Isauro Molina (FT), y al ministro Miguel Figueroa Vicario por su pasado como miembro del Ejecutivo.
