El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorga superpoderes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encendió la alarma en el arco opositor que se reagrupó en las últimas horas cuestionando duramente la medida y solicitando que sea anulada.
En reagrupamiento, los bloques de Juntos por el Cambio y diputados del Interbloque Federal coincidieron ayer al rechazar el DNU 457/20, que elimina los límites del Poder Ejecutivo para redefinir las partidas presupuestarias.
La bancada alineada con el expresidente Macri presentó un proyecto para derogar el instrumento firmado por Alberto Fernández, porque “cercena las facultades del Congreso" al delegar a Santiago Cafiero -sin restricciones ni una autorización legislativa- la definición de los destinos presupuestarios, sin considerar los topes establecidos por la ley de Administración Financiera.
“Nos retrotrae a los peores momentos de concentración de poder y desdibujamiento del Congreso", alertó el jefe del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri. “Es un DNU que nos está diciendo que en la emergencia sanitaria lo que van a hacer es meter la emergencia institucional; eso es muy grave, porque la lucha contra la pandemia no tiene nada que ver con tomarse las atribuciones de otro poder", agregó.
La medida provocó que la ofensiva opositora, que lleva las firmas de Mario Negri, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y el diputado chubutense radical Gustavo Menna, proponga derogar los artículos 4 y 6 del decreto 457 de ampliación del Presupuesto, que suspende por este año la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias.
Es decir que la cuestionada decisión de Alberto Fernández pone en suspenso la regulación del artículo 37 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, que faculta a Cafiero a modificar hasta el 5% de las partidas presupuestarias que no tengan asignación específica.
Pero con el nuevo DNU, esa regulación quedó eliminada.
Para el radical Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el decreto lleva “la delegación al Jefe de Gabinete al 100% del presupuesto, que es el esquema que había impuesto el kirchnerismo en 2006.
Además, un grupo de diputados de los bloques Consenso Federal, Socialista y Justicialista, también expresaron su desacuerdo con las definiciones del DNU y solicitaron que esas facultades delegadas al jefe de Gabinete “sean tratadas por el Congreso Nacional”, ya que es una atribución “inherente” del Poder Legislativo.
"El Poder Ejecutivo debió seguir para este tema el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, reclamaron los legisladores Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Alejandro Rodríguez, Eduardo Bucca, Andrés Zottos y Enrique Estévez a través de un comunicado conjunto del Interbloque Federal.
Por su parte, Cafiero se defendió y por Twitter rechazó las críticas y advirtió: “En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible. El costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende a unos $380.000 millones, equivalente a casi un 1.5% del PIB. Para poder continuar con las políticas de asistencia era necesario ampliar el Presupuesto. El DNU consiste en facultades para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud”.
Patricia Bullrich indicó: “En las democracias el oficialismo respeta a la oposición como tal, no intenta convertirlo en lo que no es.
Nosotros representamos a la libertad, la democracia, la apertura al mundo, una mirada económica donde el mundo privado nos importa, desde el gasista hasta el que tiene una empresa”. n