Ayer, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, ratificó que se pretende disolver el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones, lo que ya había sido anticipado por el Gobernador Raúl Jalil. El organismo de control se pronunció y afirmó que Catamarca sería la primera provincia que avanzaría con una medida de ese tipo.
A través de un comunicado, el directorio y el personal del ENRE rechazaron la intención del Gobierno Provincial de avanzar con la “disolución” del organismo, al justificar que hasta el momento ninguna provincia del país tomó una decisión en tal sentido, aún en los casos en los que se re-estatizaron los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales.
Desde el organismo se aclaró que la re-estatización de los servicios no es un argumento válido para implementar dicha disolución, ya que los usuarios no pueden elegir libremente quién les brinda el servicio por tratarse de actividades monopólicas naturales.
Argumenta que de allí se desprende la necesidad, reconocida en las constituciones Nacional y Provincial, de la existencia de un órgano de control y regulación, independientemente de que el prestador sea privado (como sucedió en el pasado) o una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) como es actualmente en Catamarca.
"Cabe mencionar que, por ejemplo, en Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) mantiene sus funciones intactas, controlando a la empresa estatal EPEC; lo mismo ocurre en Entre Ríos, Formosa, Jujuy, y Santa Fe, por citar algunos ejemplos, donde los servicios son prestados por el Estado y aun así funciona un Ente autárquico que controla y regula la prestación de los servicios", expresaron.
"Una eventual disolución del organismo catamarqueño pondría a los usuarios, en su condición de actor débil frente a las empresas Distribuidoras, en una virtual situación de indefensión, al tiempo que pondría en riesgo la plenitud de sus derechos reconocidos constitucionalmente".
En ese sentido, se preguntan quién garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas concesionarias; quién fijará y controlará la aplicación de las tarifas y los subsidios otorgados por el Estado; quién garantizará la participación de los usuarios y asociaciones civiles en los procesos de fijación de las tarifas; quién controlará la calidad del servicio que presta la empresa EC SAPEM a usuarios particulares, comercios, industrias, de la Capital y el Interior; quién defenderá a los usuarios por los daños ocasionados en los artefactos eléctricos; quién controlará la calidad del agua que llega a cada uno de los hogares del Valle Central; quién hará controles físicos y químicos en las diferentes fuentes de agua o en los camiones cisternas; quién defenderá a los usuarios en su relación con las empresas.
En declaraciones radiales, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, manifestó que la disolución del organismo se enmarca en la reforma del Estado que se había anunciado en la campaña electoral y al margen de la pandemia.
"Hoy las empresas tienen un 90% de participación estatal. La idea es disolver y fortalecer defensa al Consumidor que son organismos más específicos y , que son menos burocráticos. Necesitan menos estructura administrativa para funcionar y con mayor celeridad y con mayor ejecución podrán llevar adelante la tarea de control de los servicios", afirmó.