Tras el pedido de la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, también se hizo una solicitud similar por la libertad de Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez, que está preso desde hace un año, acusado de haber movido millones de dólares en cuentas que estaban inhibidas, mientras se sustanciaba el juicio oral y público por la llamada “ruta del dinero K”.
Citando palabras del presidente Alberto Fernández sobre el supuesto abuso de las prisiones preventivas, la Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que continuar con la detención del joven implicaría "una responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
El pedido lo formalizó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Es que el 16 de marzo fue aceptado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal como “amicus curiae". El dato sobre el pedido de la libertad de Martín Báez surgió luego del pedido en beneficio de la misma repartición del Ministerio de Justicia en favor de la domiciliaria de Jaime.
El Gobierno busca desligarse
El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Quinta de Olivos al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en medio del cortocircuito que se generó entre el Ejecutivo y esa oficina por interceder ante la Justicia a favor de Ricardo Jaime y Martín Báez.
Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, luego de que la Casa Rosada se despegara de las presentaciones que hizo Pietragalla, sin haber consultado previamente al Poder Ejecutivo.
El encuentro fue ayer por la tarde, duró "muy poco", y luego la Secretaría publicó un comunicado, en el que salió a aclarar que nunca se refirió a la "culpabilidad o inocencia" de los acusados.
"Actuó a espaldas del Ministerio", señalaron fuentes del Gobierno a NA, y resaltaron que no estaban al tanto de la decisión de Pietragalla, que tampoco avisó -según las fuentes consultadas- al Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, y a quien responde la Secretaría. En Casa Rosada aclararon que no estaban al tanto de la decisión de Pietragalla, que tampoco avisó -según las fuentes consultadas- al Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, y a quien responde la Secretaría.