El intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz (FT), y su par de El Alto, Ariel Ojeda (FT), fueron convocados por el juez federal Miguel Contreras para declarar en el marco de una causa por abuso de poder, que se les abrió tras impedir el paso de camiones por el departamento. Fiscalía de Estado había solicitado que se intervenga en el caso de Guaraz.
Según pudo conocer El Ancasti, los intendentes deberán comparecer ante la Justicia bajo advertencia de ser obligados por las fuerzas de seguridad.
Días pasados, un grupo de productores denunció que habían sido retenidos por ambos intendentes y no se les permitió la circulación de camiones cargados con producción contemplada dentro de las excepciones del Gobierno nacional.
A ese episodio se sumaron declaraciones del intendente Guaraz, que amenazó con impedir el paso de vehículos que fueran a trabajar a los campos de soja, para evitar el ingreso de personas que provienen de provincias con casos confirmados de coronavirus.
Ante ese panorama, Fiscalía de Estado solicitó la intervención de la Justicia Federal, que dispuso un control de Gendarmería Nacional para permitir la libre circulación de vehículos exceptuados por el decreto nacional nº 297/2020.
La semana pasada, el intendente Elpidio Guaraz había sido convocado por la Justicia local en el marco de otra causa, iniciada por Fiscalía de Estado, en la que está imputado por intimidación pública luego de una serie de publicaciones que realizó en su perfil de Facebook ante el malestar por las decisiones del Gobierno provincial.
Guaraz no se presentó ante el fiscal de instrucción Nº9, Jonathan Felzstina, y solicitó que su indagatoria fuera postergada para cuando termine el aislamiento social y obligatorio. Su abogado, Luciano Rojas, fundamentó que la presencia del intendente es fundamental en Santa Rosa porque preside el Comité de Emergencia, al margen de que consideró que la imputación era una medida excesiva por parte de la Justicia.
Producto de estos enfrentamientos públicos, el intendente aprovechó para despacharse en contra del fiscal de Estado, Marcos Denett, a quien acusó de supuestos vínculos con el narcotráfico.
