Referentes de distintos gremios expresaron su preocupación por la propuesta de movilidad laboral que el Gobierno podría realizar por decreto, y señalaron que se mantienen en estado de alerta. En el sector docente hay más calma, aunque esperan tener más precisiones para analizar los próximos pasos a seguir. Por su parte, legisladores de la Unión Cívica Radical plantearon su preocupación ante la posibilidad de que esto se sancione por decreto, y pidieron al gobernador Raúl Jalil que lo someta a tratamiento legislativo.
Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, lamentó que "el trasfondo es que quieren planificar un ajuste más que la optimización del Estado". "Le llaman movilidad pero es un ajuste al bolsillo, no buscan poner equidad. Me pregunto qué piensa hacer con los municipios, donde tenemos gente que tiene 15 o 20 años como municipal y presta servicios en organismos provinciales como hospitales y escuelas o recursos hídricos. ¿Por qué no corrigen eso? Quieren aprovechar la pandemia para meterle la mano en el bolsillo a la gente una vez más y poner en jaque a los trabajadores", cuestionó, y consideró que la situación amerita un trámite legislativo, ya que "se podrían estar violando los estatutos de los empleados públicos".
Por su parte, la CGT mantuvo una reunión con el gobernador y con el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, y pidió el borrador para analizarlo y hacer sugerencias. "En primera instancia sería un pase voluntario, y después se hará una comisión para hacer el seguimiento de esa movilidad. Los sectores que más personal demandarán son Salud y Seguridad, podemos trabajar en capacitaciones, pero vamos a ver el proyecto, hacer los aportes que tengamos que hacer, y veremos. Esas áreas están sobrecargadas y todavía no tenemos casos de COVID-19. No sabemos en qué momento vamos a necesitar el recurso a nivel provincial", explicó Claudia Espeche, secretaria general de UPCN al respecto.
Docentes Mario Sánchez, secretario general de ATECA, indicó que no cree que llegue a afectar al sector docente. "Tenemos nuestra legislación laboral particular. Por eso antes de emitir una opinión lo estamos analizando con los asesores legales del gremio y además vamos a pedir información al Ministerio de Educación. Todavía no hay nada concreto ni oficial. Veremos la posibilidad de pedir una reunión con el gobernador para saber a ciencia cierta cómo es el tema de la restructuración", remarcó, aunque advirtió que "hay que tener el cuidado de que no se atropelle el derecho del docente, y más aún en este tiempo tan delicado de pandemia donde el docente realmente está trabajando mucho para seguir educando".
Por su parte, Sergio Guillamondegui, secretario general del SIDCA, manifestó que "no hubo conversaciones con el Ministerio, pero sí hablamos con el secretario de Recursos Humanos (por Silvio Martoccia), quien manifestó que no se está trabajando sobre los docentes, sino en otras áreas como la Legislatura. De todas maneras recordamos que todavía estamos en conciliación obligatoria por lo que el Estado se tiene que abstener de innovar en cualquier conflicto que se pueda generar entre el Ejecutivo y la docencia. Hay que darle tranquilidad a la docencia. Sin embargo estamos en alerta sobre cualquier modificación que implique restringir nuestros derechos", expresó.
Pedido de la UCR Legisladores e integrantes del Comité Provincia de la UCR enviaron una nota al gobernador para pedir por el trámite legislativo de la propuesta de movilidad.
"Compartimos nuestra aflicción sobre el impacto de la cuarentena sanitaria en la caída de la situación impositiva, en un país que ya venía con recesión y su repercusión directa en el financiamiento del Estado en todos sus niveles. Coincidimos que ante la virulencia de esta pandemia no podemos dejar de lado el hecho de que se debe priorizar la salud de la población, desarrollando la flexibilidad de algunas actividades, sin poner en riesgo la prevención de la enfermedad COVID–19. Sin embargo, manifestamos una profunda preocupación por la posible sanción del decreto provincial que alteraría la estabilidad laboral de más de 40.000 catamarqueños", expresaron.
"Entre las posibles medidas se mencionan cambios de lugares de trabajo, horarios, funciones, escalafón y salarios, que pueden derivar en la vulneración de derechos laborales, en la suspensión o incluso en cesanteo de trabajadores. Estas medidas no pueden darse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Sino que tienen que someterse a un amplio tratamiento legislativo, con toda la representatividad política de la provincia y la consulta inestimable de los sectores gremiales que representan a los distintos trabajadores en cuestión", remarcaron.
Por último, sostuvieron que "la situación no tiene precedentes, pero no debe ser utilizada para justificar las acciones que vulneren el estado de derecho y de las instituciones que rigen nuestro sistema republicano".
Decreto para trabajo virtual en Diputados
Con la vigencia del aislamiento obligatorio y ante la inminencia de que inicie el periodo de sesiones ordinarias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, decretó como medida excepcional que las notificaciones de aquellos actos y procedimientos que deban ser puestos en conocimiento de los diputados sean realizadas exclusivamente a través de notificaciones electrónicas mediante intranet y correos oficiales.
En el instrumento, también indica que para evitar la asistencia, tránsito y permanencia en el Palacio Legislativo, la presentación de proyectos deberá ser por medios exclusivamente electrónicos, para contribuir también a la despapelización de la gestión administrativa y parlamentaria.
Además, Guerrero señaló que si llegase a darse un agravamiento de la emergencia sanitaria que imposibilite la asistencia presencial de los legisladores a las comisiones o incluso a las sesiones ordinarias, es necesario adoptar medidas para el normal funcionamiento de la Cámara con la utilización de plataformas virtuales.
En tal sentido, se dispuso que la Dirección de Informática prevea un sistema Online en el que se tengan en cuenta factores como el control del quórum, la solicitud de la palabra y garantizar la publicidad de la sesión con una transmisión en directo.
