La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, envió un proyecto al Concejo Deliberante por el que pide declarar la Emergencia Sanitaria, Económica, Administrativa, Financiera y Social al municipio por un año. La iniciativa ya generó polémica, porque propone crear la "Valle Viejo SAPEM" con un objeto amplio y difuso. Además, impulsa la emisión de bonos de crédito fiscal para pagar deudas, lo que fue considerado como "cuasimonedas" por el concejal Javier Espinoza (Juntos por el Cambio). El paquete incluye un proyecto de ordenanza impositiva que implicará un incremento del 300% en las tasas municipales.
El artículo 6 promueve la creación de la SAPEM Valle Viejo y argumenta que se "promueve el desarrollo del departamento de manera consistente y sustentable, mediante la generación de puestos de trabajo genuinos". Establece que "VALLE VIEJO SAPEM participará en los principales proyectos, de índole comercial, productivo, industrial y de servicios, con la finalidad de establecer, mediante su participación, precios de referencia y estándares de calidad en la provisión de bienes y servicios que la Municipalidad deba contratar", lo que indicaría que se trata de una empresa para venderle productos al municipio.
"Resulta conveniente constituir una entidad por la cual el Estado Municipal instrumente medidas concretas de apoyo e impulso, relacionadas con la generación de puestos de trabajo por fuera del ámbito público, regulando, a través de su participación, precios y estándares de calidad en las contrataciones", manifiesta.
En declaraciones a Radio Ancasti, el concejal Javier Espinoza cuestionó el proyecto y con respecto a la creación de la empresa estatal señaló: "El objeto social no está claro, tiene un libre albedrío de actividades que puede competir con los que hacen nueces confitadas o en licitaciones contra constructoras. Me parece que es crear una sociedad para llenarla de empleados porque va a tener directores, síndicos; es un municipio paralelo bajo la imagen de una sociedad anónima", deslizó.
En el marco de la Emergencia Económica y financiera establece que toda persona que sea acreedor de la Municipalidad de Valle Viejo, por una obligación contraída antes del 9 de diciembre de 2019, vencida o no, cualquiera que sea su monto y causa, deberá solicitar su verificación ante el Departamento Ejecutivo, antes del 31 de diciembre de este año. Y habilita a pagar las deudas con certificados de crédito fiscal. Para ello autoriza al Ejecutivo a emitir “certificados de crédito fiscal” con el objeto de consolidar y pagar obligaciones vencidas o no.
El pago efectuado al acreedor mediante “certificados de crédito fiscal” importará la extinción y cancelación irrevocable de los créditos por los que se efectúe la entrega de “certificados de crédito fiscal”.
Esos certificados se entregarán dentro de los treinta días siguientes a la resolución que disponga la admisibilidad. Para ello se emitirán con la firma del Tesorero, secretario de Hacienda e Intendente Municipal certificados por valores nominales de cincuenta $50, $ 00, $500, $ 1.000, $5.000, $10.000 y $50.000. "Si la intendenta le aprueba la deuda les va a emitir un bono, va a crear un bono, una cuasimoneda para cobrarse vaya a saber uno cuándo", sostuvo.
APUNTES DE LA EMERGENCIA
La iniciativa contempla el envío de una ordenanza impositiva que aumenta las tasas municipales.
El monto de la unidad tributaria era de $12 y por ordenanza la unidad tributaria será del 60% de lo que cuesta el litro de nafta infinia, es decir $37.
Se estima que todos los tributos municipales se incrementarán un 300%.
Propone reestructurar el régimen de contrataciones e incrementar los topes de los distintos tipos de contratación hasta el doble.
El municipio podrá arrendar o vender bienes del dominio privado municipal.
Se crea la Agencia de Desarrollo Municipal que funcionará como entidad autárquica.
Se aprueba también la creación del Instituto de Crédito Municipal con finalidad social.
El Ejecutivo podrá resolver y/o rescindir permisos, concesiones y contratos en curso de ejecución al 7 de diciembre de 2019.
En el marco de la Emergencia administrativa se puede modificar, fusionar, intervenir y suprimir organismos, dependencias y cargos. También reasignar misiones y funciones.
El Ejecutivo podrá reasignar el destino del personal, disponer su rotación, modificar horarios o reubicarlo incluso en agrupamientos distintos al que se encuentra, como tomar toda otra medida que considere conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos.
Además se pide autorización para contratar empréstitos, con instituciones públicas o privadas, hasta $100.000.000 con destino a la producción, ejecución de obras públicas, construcción de viviendas y mejoras habitacionales, la prestación de servicios en el ámbito de la Municipalidad.
La iniciativa se fundamenta en la emergencia que dictó el Gobierno nacional y en la deuda que recibió de Gustavo Jalile.
