La jueza en lo Comercial Marta Cirulli ordenó la intervención plena del Correo Argentino, una firma de la familia Macri que está bajo la mira debido a que paralelamente se investiga a exfuncionarios de Cambiemos por la deuda que el Estado Nacional mantiene con la empresa.
La magistrada dispuso el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje de la empresa.
Días atrás, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o denominado "cramdown", la antesala de la quiebra.
Zannini adhirió a un planteo presentado ya por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin, para que se controlen las cuentas de la empresa, ya que surgieron dudas sobre su situación patrimonial en cuanto a deudas que ésta tiene con la AFIP, de 600 millones de pesos, con empresas y hasta un supuesto desvío de dinero por 35 millones de pesos justificado en "anticipos de directorio".
La fiscal Boquin, que ya viene entablando sospechas sobre los manejos del Correo Argentino y durante el Gobierno de Mauricio Macri, denunció que la firma y el Estado habían acordado una fórmula para que la empresa saldará su deuda, cuando en realidad la licuaba casi en su totalidad.
Incluso, la fiscal denunció que durante quince años el Correo Argentino S.A., empresa de la familia Macri, realizó "actos de gravedad ligados al vaciamiento", por lo que había reclamado la intervención judicial a raíz de esa situación.
Para la fiscal, la empresa "se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores".
Boquin ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado Nacional.
"Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del "cramdown" –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la Ley de Concursos", evaluó la fiscal.
En la causa penal federal que tiene a cargo el juez Ariel Lijo ya fueron indagados el exministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa.
"Persecución"
Dirigentes del macrismo salieron al cruce de la intervención del Correo Argentino y alertaron que "el kirchnerismo presiona a la Justicia" para "perseguir" al ex presidente Mauricio Macri.
En un comunicado conjunto, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el exsenador Miguel Ángel Pichetto y el diputado Pablo Tonelli afirmaron que "desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia".
"Que la Procuración del Tesoro lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal (Gabriela) Boquin, desnuda el interés político que tiene el actual gobierno y la persecución al ex presidente y a su familia", enfatizaron.
Además, señalaron que "hoy está en juego la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques, ni venganzas" como también "tener una Justicia independiente, sin interferencias políticas".
