En el marco de los controles en las fronteras de la provincia, ayer se generó una confuso episodio donde quedó involucrado el fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Rafael Vehils Ruiz, quien debió salir a aclarar la situación. Sucede que un agente sanitario apostado en el CIIC (donde se aplican los protocolos a todas las personas que ingresan a la ciudad), denunció en una medio radial que hay personas que habrían ingresado provenientes de Brasil y Tucumán con una autorización especial dada por dirigentes políticos. Si bien no dio nombres, su declaración generó un fuerte revuelo en las redes sociales.
Pasadas las horas surgió el nombre de Vehils Ruiz y de su hijo, quien es apuntado como la persona que ingresó a la provincia sin los controles respectivos. En diálogo con Multimedios Ancasti, el Fiscal negó estas versiones. "Es increíble que en la gravedad que estamos viviendo gente salga a decir tonterías y mentir", dijo.
"No tengo facultades para autorizar el ingreso a nadie", añadió.
Luego de relatar que su hijo sí viajó a Tucumán y de aclarar que cumplió con todos los protocolos para poder reingresar a Catamarca, afirmó que si él hubiese dado alguna autorización, su descendiente "estaría en su casa y no estaría sometiéndose, como corresponde que lo haga, a la cuarentena obligatoria".
La denuncia del agente sanitario obligó al Gobierno provincial y municipal a aclarar la situación y advertir que no existen permisos especiales para nadie.
El intendente capitalino, Gustavo Saadi, exigió el "máximo respeto a las normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuestas para proteger a la comunidad, y repudió todo acto que viole estas disposiciones poniendo en riesgo a los vecinos". En ese marco, solicitó a la Justicia Federal que actúe con todo el peso de la ley para sancionar como corresponde a cualquier autoridad, del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que haga uso de su cargo para favorecer a algún particular en contra del objetivo que impone el bien común ante la actual emergencia sanitaria.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, indicó que ni el Gobernador, ni ningún funcionario de ningún poder puede dar permisos especiales y que se investigará la veracidad de la denuncia.
