La UCR avanza en la reforma de su Carta Orgánica y hace algunos días se generó un debate interno a partir de la decisión de la Comisión Reformadora de incorporar un artículo que limite la posibilidad de ser candidatos a aquellos dirigentes que tienen algún tipo de denuncia o un proceso abierto por abuso, violación o algún tipo de violencia de género.
En este sentido, algunos dirigentes del partido presentaron objeciones porque consideran que la Carta Orgánica entraría en colisión con la Constitución, que garantiza el principio de inocencia hasta que la Justicia se expida frente a la denuncia. Sin embargo, el presidente del partido, Alejandro Páez, defendió la iniciativa al considerar que es necesario dotar al partido de herramientas para poder actuar en ciertas situaciones con perspectiva de género. Aclaró que este punto se debatió y todavía no está cerrado, pero ya existe una propuesta que fue incorporada, conforme a las actas.
“Este tema se lo puso sobre la mesa y hubo algunas objeciones porque hubo dirigentes que señalaron que era anticonstitucional porque se vulneraban los derechos fijados por la Constitución, que establece que ninguna persona es culpable hasta que no tenga la sentencia de la Justicia, pero hubo otras propuestas y modificaciones”, señaló Páez a El Ancasti y dijo que, por ejemplo, se habilitó que el Tribunal de Cuentas del partido podrá pedir informes para saber si un candidato tiene deuda por aportes antes de habilitarlo como candidato. “Entonces, si la Carta Orgánica está facultando para inhibir candidatos que sean deudores de aportes partidarios cuanto más podría hacer en casos en que el comportamiento afecte la integridad de las personas”, opinó.
“Sabemos que el partido no puede emitir un veredicto y decir ‘sos culpable o no’. Lo que se hizo es implementar un ítem que corresponde a las competencias del Tribunal de Conducta y se busca que ese tribunal tenga un resorte para poder interiorizarse si hubiera una causa judicial o proceso abierto sobre algún afiliado que pretenda alguna candidatura. No se vulneran derechos, el partido no va a hacer juzgamientos, pero da un primer paso en esta lucha que llevan adelante las mujeres. Se puede pedirle al tribunal que actúe y el tribunal podrá interiorizarse del proceso para luego poder apartar”, sostuvo.
La propuesta de poner algún límite a los postulantes que tienen un proceso abierto por las causas mencionadas surgió desde el sector de Vanguardia. En este sentido se consensuó incorporar en el artículo 111 el siguiente agregado: “Previamente al comicio y una vez presentadas las candidaturas, se facultará al Tribunal de Conducta a librar oficios a la Justicia a los efectos de conocer si los ciudadanos propuestos tienen antecedentes por hechos de violencia de género, abusos sexuales o violaciones.
Los oficios se librarán a la Policía Judicial y Fiscalía General. En el caso de candidatos del interior de la provincia los oficios se librarán a la Policía de la Provincia y a Fiscalía General”.
“En caso de que así fuere, las personas propuestas serán apartadas como candidatos”, expresa la redacción del artículo. Este último agregado es lo que todavía falta terminar de definir y consensuar, es decir, quién tomará la decisión de impedir que alguien sea candidato: el tribunal de conducta, la conducción del partido o la Convención.
“Con esta propuesta, el partido podrá actuar éticamente. Se podrá insertar un ítem que faculte al tribunal de Conducta que pueda actuar y realizar las averiguaciones pertinentes y tener certeza con respecto a si hay un proceso judicial abierto a una persona que está sospechada de abuso, violación o algún tipo de violencia de género”, expresó Páez.
“Es un paso un paso que tiene que dar el partido, estamos tratando de modificar la Carta Orgánica agregando artículos que tienen que ver con afiliaciones y normas internas, me parece que hay que actualizar en lo que corresponde a derechos humanos y perspectiva de género”, opinó el presidente del partido.
